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El exprocurador de la República Jean Alain Rodríguez, principal imputado en el caso de corrupción administrativa denominado Operación Medusa, calificó de un «abuso» la incautación de bienes adquiridos de forma lícita y fuera del proceso de la investigación en su contra.
En la continuación de la audiencia de juicio preliminar del referido caso, indicó que la Procuraduría Especializada de Persecución a la Corrupción Administrativa (Pepca) decomisó bienes e inmuebles adquiridos previo a su gestión como Procurador, que es el periodo investigado.
Además, expresó que él está de acuerdo con la investigación de los orígenes, lícitos o no, de las propiedades de cualquier funcionario, «pero esto debe de hacerse siempre con el respeto al debido proceso».
Alegó que esto es debido a la participación de personas «subjetivas» en la investigación, que permiten que se cometan actos contra la democracia.«Incautar propiedades por supuesto origen ilícito en torno al periodo 2016-2020, cuando las propiedades provienen del 2002, 2006, 2009, 2010, 2012, 2014…», insistió.
Aseguró que dentro de estos inmuebles decomisados está su primera vivienda, la cual fue pagada en el 2002, al igual que una oficina que adquirió en 2009.

 

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La Dirección General de Impuestos Internos (DGII) otorgará un plazo de 120 días a los grandes contribuyentes nacionales que hayan presentado dificultades en su proceso de adaptación para la facturación electrónica. Dicha solicitud debe ser presentada a la entidad recaudadora 15 días antes de que se venza el plazo original para la implementación, el 15 de mayo de este 2024.
La prórroga está contemplada en el artículo 37 de la Ley 32-23 de Facturación Electrónica, en el que se indica que el plazo original para la implementación podrá ser extendido para aquellos contribuyentes que enfrentan limitaciones en el proceso.
La información fue compartida este martes por la entidad a través de un documento informativo en el que destaca que no se dará prórroga a los contribuyentes que no hayan iniciado el procedimiento de implementación o no hayan demostrado una causa ajena o extraordinaria que justifique la necesidad del plazo adicional.
Una vez vencido el plazo de implementación o de prórroga, las personas que no hayan completado el proceso de certificación para ser emisores electrónicos incurrirán en infracciones tributarias sujetas a las sanciones previstas en la ley, las cuales pueden conllevar al arresto.
Luis Valdez, director general de Impuesto Internos, explicó que los contribuyentes que necesiten solicitar una extensión deberán informar su interés de prórroga con un plazo de 15 días calendario, antes del vencimiento de la fecha límite establecida en la ley.
Las personas interesadas en pedir la extensión del plazo deberán deberán dirigirse al centro de atención presencial de la sede central de la DGII y cumplir con los siguientes requisitos:
Depositar carta de solicitud timbrada, firmada y sellada, indicando el plazo requerido, motivo de la prórroga y los avances realizados.
Anexar el cronograma de trabajo que sustente el tiempo a emplear en el proceso de implementación de Facturación Electrónica.
Estar al día en el cumplimiento de sus obligaciones tributarias.
La prórroga por otorgar será de carácter único y no podrá sobrepasar el plazo de 120 días calendario contados a partir del vencimiento del plazo establecido en el calendario de implementación.
La DGII evaluará cada solicitud basándose en el perfil de riesgo del contribuyente, indica el documento informativo de la entidad recaudadora.

 

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El presidente del Senado de la República, Ricardo de los Santos, indicó que impulsará una modificación de la Constitución de la República para institucionalizar la independencia del Ministerio Público, unificar las elecciones presidenciales y congresuales con las municipales, así como otras piezas legislativas. El senador por Sánchez Ramírez indicó que se comprometió a buscar un acuerdo con los diferentes sectores del país para que se modifiquen otras leyes, como son la Ley General de Salud 42-01, la Ley 87-01 sobre Seguridad Social, el Código Penal, entre otras iniciativas.
Destacó que esas iniciativas forman parte de “su agenda legislativa para los próximos cuatro años en la Cámara Alta”, según se le cita en un comunicado de prensa.
De los Santos habló al participar en el Desayuno de Oración de Jaycees 72, junto a otros candidatos a cargos congresionales, donde explicó que la unificación de las elecciones evitaría los gastos innecesarios y ahorraría al país recursos económicos que podrían ser invertidos en obras que necesita el pueblo dominicano.
Otras iniciativas que Ricardo de los Santos se propuso impulsar son el proyecto del Código Procesal Penal; proyecto de Hub Logístico, proyecto de ley de cualificación, y otras que revisten gran interés colectivo.
En ese sentido, precisó que para aprobar los proyectos de leyes se hace necesario contar con la participación directa de la sociedad dominicana, quienes podrían emitir sus opiniones en torno a las diferentes iniciativas, mediante las vistas públicas.
“Por esa razón el Senado se ha centrado en celebrar sesiones en provincias del sur, del este y del norte, para que la población conozca cómo trabaja el Congreso Nacional, y es interés de los legisladores tomar en cuenta los pareceres de la ciudadanía”, dijo Ricardo de los Santos.

 


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Por primera vez se ha realizado un debate entre las candidatas a la vicepresidencia de la República Dominicana, con la participación en esta oportunidad de Raquel Peña, del gobernante Partido Revolucionario Moderno (PRM); Zoraima Cuello, del Partido de la Liberación Dominicana (PLD) e Ingrid Mendoza de la Fuerza del Pueblo (FP).
Durante dos horas y media las aspirantes se refirieron a los planes que sus respectivos partidos desarrollarían en caso de ganar las elecciones del 19 de mayo próximo. Lo hicieron al responder preguntas que dos moderadores designados por la Asociación Nacional de Jóvenes Empresarios (los periodistas María Elena Núñez y José P. Monegro) les iban haciendo.
ntre los temas tratados están las bandas haitianas y su posible entrada a territorio dominicano, la justicia, educación, salud, transporte, inversión extranjera y privada, desempleo, feminicidios, medio ambiente, gasto público, mujer rural y la independencia de los poderes del Estado.
Mientras Zoraima Cuello expuso las «grandes obras» realizadas por el PLD y lo mismo hizo Ingrid Mendoza sobre los aportes de Leonel Fernández cuando gobernó el país. Ambas culparon al PRM de una serie de males que persisten en el país, lo que en cada caso fue refutado por Raquel Peña, quien es vicepresidenta de la República y aspira a ser electa de nuevo para esta posición.
Raquel Peña dijo que la oposición hace planteamientos y promesas que más bien son «poemas de partidos que gobernaron muchos años y no resolvieron los problemas nacionales».
“Son muy buenos haciendo planes; nosotros no somos de planes, somos de soluciones”, manifestó.
El lunes en la noche tocó el turno a los candidatos a senadores del Distrito Nacional y Santiago de los Caballeros. Este miércoles será el de los candidatos a la presidencia de la República.
En estos debates solo participan las agrupaciones políticas que recibieron al menos el cinco por ciento del voto popular en los comicios presidenciales de 2020, en este caso el PRM, el PLD y la FP.

 

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Los principales candidatos a la Presidencia de República Dominicana en las elecciones del 19 de mayo, entre ellos el gobernante Luis Abinader, participarán hoy en un debate que ya ha sido calificado de histórico en el país. Abinader, de 56 años, quien aspira a un segundo y último mandato y que parte como favorito en todas las encuestas independientes, mantendrá un cara a cara con Leonel Fernández, de 70 años y que ha gobernado tres veces República Dominicana, y con Abel Martínez, de 52 años, quien precisamente este miércoles deja la Alcaldía de Santiago (norte), la segunda ciudad más importancia del país.
El jefe de Estado, del gobernante Partido Revolucionario Moderno (PMR), fue el primero en confirmar su participación en el debate, organizado por la Asociación de Jóvenes Empresarios (ANJE) y al que solo fueron convocados los aspirantes de las formaciones políticas mayoritarias.
De esta manera, Abinader se convertirá en el primer mandatario que, en proceso de repostulación, participa en un debate, según él mismo dijo al aceptar la invitación al encuentro, que mantiene expectante a la población.
Posteriormente, Fernández, de la Fuerza del Pueblo, y Martínez, del Partido de la Liberación Dominicana (PLD), confirmaron su participación en esta cita, que tendrá lugar el miércoles entre las 8:00 y las 10:00 de la noche.
La directiva de ANJE confía en que este debate generará una audiencia masiva y represente «un hito histórico para la democracia del país y un cambio en la cultura política durante las campañas electorales, ya que será la primera vez que un presidente en funciones participe en un debate frente a la ciudadanía».
Esto marcará, afirmó la asociación, «un antes y un después» para los próximos comicios del 19 de mayo, cuando también se elegirá a senadores y diputados.
Será «un debate de la democracia contra la dinerocracia», dijo, por su lado, Leonel Fernández, quien tras gobernar el país de 1996 a 2000 y de 2004 a 2012 con el PLD, se presentó a las elecciones de 2020 con la Fuerza del Pueblo, quedando en tercer lugar.
El exgobernante, a quien las encuestas colocan en segundo lugar, pero bastante lejos de Abinader, ha dicho que desde que fue candidato presidencial por primera vez, en 1996, planteó la celebración de un debate pero hasta ahora no se ha logrado organizar, por lo que el de mañana «es historia».
A este debate le precede el celebrado el miércoles pasado, en el que participaron cuatro de los cinco candidatos presidenciales de partidos minoritarios.
Los dominicanos acudirán a las urnas en mayo, por segunda vez este año tras los comicios municipales de febrero, en los que el oficialismo obtuvo la mayoría de las alcaldías.
En caso de ser necesaria una segunda vuelta para elegir al próximo presidente del país, esta tendrá lugar el 30 de junio, según el calendario de la Junta Central Electoral (JCE).

 

 

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“Le pido perdón a la familia, a la sociedad, a mi familia por no llevarme de consejos”, fueron las palabras que pronunció Wesly Vincent Carmona alias “El Dotolcito” en sus manifestaciones finales a las juezas del Segundo Tribunal Colegiado del Distrito Nacional. Carmona, quien guarda prisión preventiva tras ser acusado de participar en un robo donde el joven Joshua Omar Fernández murió tras ser impactado por una bala, manifestó que no le haría daño a nadie y que confía en las juezas para que emitan una condena justa.
“Yo no tengo el corazón de hacerle daño a nadie. Yo confío en Dios y en ustedes que si se me van a hacer una condena, que sea una justicia justa y real, que no sea una justicia por una presión social o un caso mediático”, comentó Wesly en sus declaraciones finales.
Se recuerda que El Dotolcito habló ante el tribunal en dos ocasiones anteriores donde declaró ser inocente de los hechos que se imputan.
En una pasada audiencia de juicio de fondo, el imputado afirmó que “no hay ninguna prueba de que yo tengo una banda o que yo mandaba hacer atracos, yo vuelvo reitero mi inocencia, gracias”.
Además, en más de una ocasión Carmona ha hecho referencia de que el proceso judicial lo han convertido en un “juicio mediático”, recalcando que él “no mató, ni robó a nadie”.
Los representantes legales de Wesly Vincent en sus conclusiones pidieron que el joven sea absuelto del caso al no existir elementos de pruebas suficientes que comprometan su responsabilidad penal.
También pidieron el cese de la prisión preventiva y que sea rechazada la solicitud de indemnización puesta por la parte querellante.
Por su parte, las magistradas Claribel Nivar, Yisel Soto y Clara Sobeida se reservaron el fallo para el miércoles 24 de abril a las 4:00 de la tarde.

 

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Los asesinatos horrendos perpetrados por jóvenes ocurridos entre 1996 y principios de 2024 han llegado a un desenlace en los tribunales, cuando las personas que estaban siendo juzgadas por los crímenes fueron condenadas a de entre 20 y 30 años de prisión. Se trata de casos que llevaron consternación a la sociedad por el nivel de crueldad de los asesinos y los actos macabros mediante los que, según los investigadores, estas personas mataron a sus víctimas.
Estos jóvenes que han sido sentenciados a las penas máximas, no superan los 35 años de edad, cuando cometieron los hechos por lo cual purgan sus penas en diferentes cárceles del país.
A propósito de estas sentencias, el Ministerio Público pide condenar a Wesly Carmona, alias "El Dotolcito", a 30 años de prisión y a Luis Brito Troncoso y Alison de Jesús Pérez Mejía (Chiquito), a 40 años de prisión por su alegada participación en el homicidio de Joshua Fernández, el pasado 19 de abril del 2023, en la discoteca Kiss Bar.
El ministerio público, representado por la fiscal Magalys Sánchez, hizo el pedimento ante las juezas del Segundo Tribunal Colegiado del Distrito Nacional, asegurando que estos fueron los responsables del atraco que terminó trágicamente con la vida de Joshua Fernández, por lo que piden una condena justa.
El 23 de marzo de 2024, dos jóvenes fueron condenados a 30 años de prisión por el Tribunal Colegiado Puerto Plata, por el asesinato del taxista, Alberto Grullón Uceta, con el fin de despojarlo de su vehículo en la playa La Ensenada.
Los sentenciados a esa pena fueron Elisaul Alexander Mercado e Isaac Gabriel Jiménez Gutiérrez, por el hecho ocurrido el 12 de noviembre de 2012 en Villa Isabela, cuando estos les solicitaron al taxista un servicio para que los llevará desde el elevado de Cienfuegos en Santiago.
El 4 de diciembre del 2023, un tribunal condenó a 20 años de prisión a un joven por quitarle la vida a un profesor, en un hecho ocurrido en marzo del 2021, en la comunidad de Chiringo en Villa Riva.
Se trata de Dawilson Del Orbe Tineo, alias El Chapa, quien es sindicado como el responsable de la muerte del profesor Francisco Castro Mejía, cariñosamente Papito.
El viernes 26 de noviembre del 2021, un joven fue condenado a 30 años de prisión, al ser encontrado culpable de quitarle la vida a otro joven en el barrio Invi de la provincia de Puerto Plata.
Los jueces del Tribunal Colegiado de Puerto Plata emitieron dicho veredicto punible en contra del imputado Jairo Alexander Santana Paniagua, quien asesinó de varias puñaladas al joven Bray Luis Rodríguez.
El 5 de diciembre del 2020, dos jóvenes fueron condenados a 30 y 20 años de prisión por los jueces del Primer Tribunal Colegiado de Puerto Plata, tras ser hallados culpables de homicidio en primer grado.
La sentencia recayó contra los imputados Delvis Antonio Ovalles Mercedes y Juan Eduardo Ulloa (Florimón) de 21 y 23 años respectivamente, quienes mataron en Sosúa al ciudadano canadiense Jason Thomas W. McGuire.
El 7 de febrero del 2019, el Tercer Tribunal Colegiado de Santo Domingo Oeste, condenó a 30 años de prisión a dos jóvenes implicados en la desaparición y asesinato de la niña Carla Massiel, quien desapareció el 25 de junio de 2015 en el sector Los García, de Pedro Brand, y su osamenta fue hallada el 16 agosto de 2016.
El tribunal sentenció a Dawin Trinidad Infante y Juan Cabral Martínez a 30 años, a cumplirlos en el Centro de Corrección y Rehabilitación de San Pedro de Macorís y la Penitenciaria Nacional La Victoria, respectivamente.
El 19 de marzo de 2019, un joven fue condenado por el Tercer Tribunal Colegiado del Distrito Nacional a cumplir 30 años de prisión, tras ser encontrado culpable de haberle quitado la vida a su padre con un arma blanca, en un hecho ocurrido en el sector Los Ríos, hecho ocurrido el 17 de mayo de 2018.
La sentencia condenatoria fue impuesta a Eudy de Jesús Parra Vargas, quien fue hallado culpable de cometer el crimen atroz, que se produjo cuando la víctima Juan Parra Castaños y su esposa habían llegado a su casa luego de caminar juntos como acostumbraban hacerlo todas las mañanas.
El 2 de octubre del 2019, los jueces del Cuarto Tribunal Colegiado de Santiago condenaron a un joven a 30 años de prisión como culpable de matar a su padre, el empresario y dirigente político Alejandro de Jesús Rodríguez.
El tribunal sentenció a esa penal a Joel Rodríguez Cruz, por el hecho ocurrido en febrero del año 2018 en esta ciudad, luego de que el Ministerio Público lo acusara de ultimar a su padre porque lo desvinculó de las empresas de la familia.
El 8 de noviembre del 2018, un tribunal de San Francisco de Macorís sentenció al joven Marlon Martínez a 30 años de prisión por el asesinato de Emely Peguero, una adolescente de 16 años cuya muerte causó conmoción en República Dominicana.
Martínez era novio de Peguero, quien estaba embarazada de cinco meses cuando desapareció el 27 de agosto de 2017. La sentencia en su contra fue confirmada por la Suprema Corte de Justicia.
El 4 de febrero del 2018, el país se consternó cuando se enteró que Víctor Alexander Portorreal Mendoza “Chaman chacra”, de 30 años, asesinó a su pareja Reyna Isabel Encarnación y a los tres hijos de esta, de 6,9 y 10 años, respectivamente.
Según la crónica del cuádruple crimen, ocurrido en el kilómetro 8 de la carretera Sánchez, Distrito Nacional, Chaman chacra ejecutó a su pareja, luego violó y asesinó a las niñas de 6 y 10 años, y al día siguiente, después de salir a jugar con él, también mató el niño de 9 años.
El responsable admitió los hechos y guarda 30 años de prisión en una cárcel de San Pedro de Macorís.
En 2010, la Policía desmanteló una banda de menores que confesó el asesinato de al menos siete taxistas, a quienes, tras abordar en servicios, torturaban y quemaban para robarse pertenencias y vehículos.
Los culpables fueron cuatro menores de edad y dos jóvenes de 18 y 20 años.
Mario José Redondo Llenas, de 19 años, y Juan Manuel Moliné Rodríguez, de 18 años, dos jóvenes de clase social media alta, condenados a 20 y 30 años de prisión, se convirtieron en mayo de 1996 en los antagonistas de uno de los crímenes que más han trastocado a la sociedad dominicana con un niño de 12 años como víctima, José Rafael Llenas Aybar.
La historia es ya bastante conocida pues se ha contado a través de los años a las nuevas generaciones y el caso ha servido para que los padres expliquen a sus hijos porque no siempre le dan la libertad para salir divertirse o recrearse con algunos amigos y familiares, este fue el crimen que le enseñó a los dominicanos a desconfiar incluso de algunos miembros de la familia.

 


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Con un tono más crítico que en años anteriores, el Departamento de Estado de los Estados Unidos criticó nuevamente las supuestas violaciones a los derechos humanos que se cometen en la República Dominicana, centrándose esta vez en la población migrante o de ascendencia haitiana. Comparado el Informe de Derechos Humanos de República Dominicana 2023 con el anterior, del 2022, se mantienen las valoraciones que hacen grupos de la sociedad civil relacionadas al respeto a integridad de las personas, a la intimidad o las detenciones arbitrarias. Pero en la descripción de hechos, esta vez se destacan menos los esfuerzos gubernamentales por atender las denuncias.
Por ejemplo, en el informe de 2022 el Departamento de Estado concluye: "En algunos casos, el gobierno tomó medidas para procesar y castigar a los funcionarios que cometieron abusos contra los derechos humanos o actos corruptos, pero la aplicación inconsistente e ineficaz de la ley a veces condujo a la impunidad".
En su visión de un año más tarde, plantea: "El gobierno no tomó medidas creíbles para identificar y castigar a los funcionarios que pudieran haber cometido abusos contra los derechos humanos".
El documento refiere "informes creíbles" de homicidios ilegítimos o arbitrarios; tratos o castigos crueles, inhumanos o degradantes por parte del gobierno; condiciones penitenciarias duras y potencialmente mortales.
También arresto o detención arbitrarios; interferencia arbitraria o ilegal con la privacidad; devolución de refugiados a un país donde enfrentarían tortura o persecución; grave corrupción gubernamental; violencia de género generalizada, incluida la doméstica y los feminicidios; trata de personas; delitos que involucran violencia o amenazas contra personas del colectivo LGBTQIA+ y trabajo infantil.
Muchos de los ejemplos utilizados para demostrar los alegados abusos se refieren a la población inmigrante.
En aspecto como la integridad física, el Departamento de Estado dice que recibió informes de que la Policía y otras fuerzas de seguridad del gobierno cometieron homicidios arbitrarios o ilegítimos.
Además, habla de muertes inexplicables bajo custodia policial durante la detención y deportación de inmigrantes.
Cita de manera particular informaciones de la Comisión Nacional de Derechos Humanos que refieren el asesinato de 75 personas entre enero y septiembre de 2023.
Como ejemplo de las ejecuciones, cita el asesinato de Dieumil Charles, a quien define como un residente legal documentado y al que la Policía Nacional habría matado después de intentar extorsionarlo durante un control de tráfico rutinario.
También registran un caso en el que, durante un operativo migratorio en el este del país, la Policía y agentes de Migración supuestamente dispararon contra un grupo de trabajadores de la construcción, matando a Jean Modes Fontas e hiriendo a otras personas.
El Departamento de Estado señala las preocupaciones de organizaciones internacionales y locales por el trato "duro y a menudo degradante" hacia migrantes haitianos indocumentados y apátridas de ascendencia haitiana durante las operaciones de detención y deportación y en los centros de detención de la Dirección General de Migración en Haina y Santiago. Nuevamente trae a colación la supuesta apatridia de personas de ascendencia haitianas, lo que ha sido negado en múltiples oportunidades por las autoridades dominicanas. La Constitución del vecino país le reconoce la nacionalidad a todo descendiente directo de haitianos no importa donde haya nacido.
Específicamente, el reporte menciona abuso físico de los detenidos; entradas a domicilio sin orden judicial, revocación o destrucción de documentos de identidad, robo de pertenencias personales, extorsión, violencia sexual, deportación ilegal de niños, madres embarazadas o lactantes y ancianos.
También el acceso insuficiente a alimentos, agua y atención médica en los centros de detención y durante todo el proceso de deportación.
"La impunidad siguió siendo un problema dentro de las fuerzas del orden, particularmente la Policía Nacional y la DGM", indica el informe.

 

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Mientras miles de maestros agrupados en la Asociación Dominicana de Profesores (ADP) protestaban ayer frente al Ministerio de Educación (Minerd) en reclamo de que se cumpla el acuerdo firmado en julio pasado, estableciendo 20 compromisos bilaterales, las autoridades educativas enviaron un documento donde detallan el "monto invertido por el Minerd en el cumplimiento de los acuerdos con la ADP durante el periodo 2021-2023". De acuerdo con el documento, en este tiempo, Educación ha invertido un total de RD$106,763,204,675.91 en la calidad educativa, mantenimiento e infraestructura escolar, dignificación docente y la seguridad social: Administradora de Riesgos de Salud para Maestros (ARS Semma) y el Instituto Nacional de Bienestar Magisterial (Inabima).
Entre otros puntos, explicó que implementó programas de formación y actualización continua de los docentes, focalizados en función de la necesidad de mejorar la formación del profesorado, tomando en cuenta los resultados del desempeño docente al concluir cada periodo lectivo.
Dijo que cumplió con el reglamento del programa de becas de formación y actualización en especialidades y postgrados establecidos por el Instituto Superior de Formación Docente Salomé Ureña (Isfodosu) y el Instituto Nacional de Formación y Capacitación Magisterial (Inafocam), "garantizando que a los beneficiarios se les otorgue en función de las necesidades de formación detectadas y mediante mecanismos transparentes procurando que tributen a los propósitos del nuevo modelo educativo Educación para Vivir Mejor".
En su diagnóstico docente, el Minerd indica que "conforme mejore la situación económica del país y avance el proceso de su recuperación, se compromete a mejorar el incentivo por complejidad del cargo de los directores de centros educativos".
Esta primera parte además asumió la igualación del salario base de los docentes de primaria con los docentes de secundaria.
"En ese sentido, en el mes de diciembre 2020 se aplicó una partida a igualar el salario base de todo el profesorado del nivel pre universitario, proceso que concluyó en el mes de agosto del 2021", puntualiza que los incentivos serían actualizados en el año 2022.
En otro documento, enviado por Educación, detalla la relación de la ADP en el pago de transporte a seccionales para la concentración frente del Minerd realizada este 23 de abril, donde establece que en total fueron invertidos unos RD$10,421,000.00, divididos en las 130 seccionales.

 

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El Ministerio de Salud de Brasil confirmó un caso autóctono de cólera, el primero que se detecta de la enfermedad en el país en 20 años, informaron este sábado fuentes oficiales. El caso fue identificado por las autoridades sanitarias en Salvador, la capital del estado de Bahía (nordeste), en un hombre de 60 años de edad, en marzo pasado.
De acuerdo con la estatal Agencia Brasil, el paciente no tenía histórico de salidas a países que presentaran casos confirmados de la enfermedad, ni había tenido contacto con alguien que estuviera contagiado.
El caso fue confirmado por el ministerio de Salud tras exámenes de laboratorio que identificaron que los síntomas del paciente eran efecto de la bacteria Vibrio cholerae O1 Ogawa.
De acuerdo con la cartera, se trata de un caso aislado, ya que no se identificaron otros registros luego de una investigación epidemiológica realizada por equipos de salud en Salvador con personas que tuvieron contacto con el paciente.
El ministerio también informó que desde el 10 de abril el paciente ya no presenta riesgo de contagio.
El cólera es una enfermedad infecciosa intestinal aguda, transmitida por contaminación fecal-oral directa o por la ingestión de agua o alimentos contaminados.
Los últimos casos autóctonos registrados en Brasil se dieron entre 2004 y 2005 en el estado de Pernambuco, también en el nordeste brasileño.
A partir de 2006 en el país sólo se reportaron casos importados de países como Angola, República Dominicana, Mozambique e India.
Según la Organización Mundial de la Salud (OMS), de enero a marzo de este año 31 países han registrado casos o brotes de cólera, siendo el continente africano la región más impactada, con 18 países afectados.
En América, hasta el momento, sólo se han reportado casos en Haití y en República Dominicana.

 


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