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Un tribunal condenó a seis meses de prisión al ciudadano Ángel Luis Zarzuela Cabrera, quien fue declarado responsable de ocasionar perjuicios a la Empresa Distribuidora de Electricidad del Este (Edeeste), al hacerse pasar por técnico de la entidad para estafar a dueños de comercios.
La Primera Sala de la Cámara Penal del Juzgado de Primera Instancia del Distrito Judicial de Santo Domingo dispuso que el imputado cumpla la pena en la Penitenciaría Nacional de La Victoria.
Asimismo, ordenó al condenado pagar una indemnización de 2 millones de pesos a favor de la institución, como reparación por los daños morales y materiales ocasionados por su actuación, la cual fue considerada una falta penal.
Edeeste valoró la sentencia al considerar que representa un precedente importante en la lucha contra el fraude eléctrico, las conexiones irregulares y otras prácticas que vulneran las normas establecidas en la legislación vigente.
¡Compártelo con tus amigos!Nj productoraMarcamos la pauta a seguirEsta dirección de correo electrónico está siendo protegida contra los robots de spam. Necesita tener JavaScript habilitado para poder verlo.809-224-6159 cel.
La expareja de la joven de 18 años hallada muerta con signos de violencia en un tramo de la avenida Circunvalación Norte, en la provincia Santiago, se entregó anoche a las autoridades para ser investigada por el crimen.
Se trata de Hansel Cabrera, de 32 años de edad, quien es señalado por las autoridades como el principal sospechoso de la muerte de Lisettes Noemí Almonte Peña, residente en el distrito municipal de Jacagua.
Cabrera fue entregado al general Jesús Tejada Tejada, director del Comando Regional Cibao Central de la Policía Nacional, por medio de sus abogados.
El oficial informó que el detenido será puesto a disposición del Ministerio Público.
Durante el acto de entrega, el sospechoso solo respondió que mantenía una relación con la víctima desde que ella tenía 15 años.
De acuerdo con las investigaciones preliminares, la pareja se encontraba separada, pero el hombre la convenció de que se reunieran para tratar de restablecer la relación.
El cuerpo de Lisettes Noemí Almonte Peña fue encontrado la mañana de ayer, lunes 13 de julio, entre las comunidades de Don Pedro y Monte Adentro.
Según sus familiares, la joven estaba desaparecida desde la tarde del domingo, cuando perdieron contacto con ella.
El abogado Carlos Balcácer retiró en audiencia la querella por difamación e injuria contra la directora de la Procuraduría Especializada de Persecución de la Corrupción Administrativa (Pepca), Mirna Ortiz.
Balcácer afirmó a los jueces de la Segunda Sala de la Suprema Corte de Justicia (SCJ) que decidió retirar la querella luego de ser convocado por la procuradora general, Yeni Berenice Reynoso, a su despacho, quien le dijo: "Carlos, termina eso, por favor".
El reputado letrado agregó que luego hicieron lo mismo, al pedirle que abandonara la acusación, una jueza y otros representantes del Ministerio Público.
La directora de la Pepca acogió el desistimiento, pero afirmó que entendía que la querella no iba a prosperar porque no había violado la ley, como dijo Balcácer, quien la acusó de difamación cuando salió de una audiencia del caso por presunta corrupción del exprocurador general Jean Alain Rodríguez.
Balcácer es el principal abogado del exfuncionario.
Ortiz agregó que le sorprendió "sobremanera" la interposición de la querella por el abogado, a quien consideraba "un amigo, una persona cercana".
"Que nunca se haya acercado a mí para tratar un tema que, a su juicio, le ofendió en su persona o en su trayectoria profesional, y que decidiera dilucidar un tema como este ante un tribunal, ocupando el tiempo", indicó Ortiz.
Los jueces de la Segunda Sala de la Suprema Corte de Justicia, Francisco Jerez Mena, presidente; Fran Soto y Yorlin Lisett Vásquez Castro archivaron la querella de Balcácer, a quien felicitaron por su decisión de retirarla.
Los magistrados también felicitaron a Mirna Ortiz.
Balcácer interpuso la querella por difamación e injuria contra la directora de la Pepca por alegadamente acusarlo de lucir desorganizado en las audiencias y obstruir el desarrollo del juicio de fondo que se conoce contra el exprocurador general Jean Alain Rodríguez.
El jurista solicitaba una indemnización de 25 millones de pesos por daños y perjuicios, los cuales serían donados a los bomberos del sur.
El presidente de la Segunda Sala de la SCJ, Francisco Jerez Mena, dijo que "uno se siente muy feliz" cuando los acuerdos conducen a la paz, la única que puede terminar con la violencia que también se manifiesta en los litigios.
"Porque la única forma de construir la paz no es con violencia, es con paz. Y la paz se consigue, la violencia se puede acabar con una caricia. Y la caricia es la más bella flor del corazón que la suaviza (...) Yo les felicito a ambos por esto"
En un año y medio, la Dirección General de Migración (DGM) desvinculó a 423 empleados por distintas faltas administrativas, lo que representa aproximadamente el 12 % de su nómina de trabajadores fijos, que al mes de mayo estaba compuesta por 3,585 colaboradores.
La institución sostiene que mantiene una política de cero tolerancia frente a las irregularidades, pero los casos registrados plantean interrogantes sobre la efectividad de los mecanismos internos de supervisión y prevención.
Según explicó a Diario Libre el director general de Migración, Luis Rafael Lee Ballester, las desvinculaciones se produjeron entre octubre de 2024 y junio de 2026. De ese total, 117 correspondieron a la aplicación de los artículos 84 y 94 de la Ley 41-08 de Función Pública, que contemplan sanciones por faltas graves cometidas por servidores públicos.
Uno de los casos más recientes concluyó con el apresamiento de un inspector migratorio acusado de solicitar 100 mil pesos a una mujer en la provincia La Altagracia, a cambio de facilitar su salida a España por el Aeropuerto Internacional de Punta Cana.
El hecho puso en tela de juicio los controles éticos de una institución que debe velar por la correcta implementación de la política migratoria del país para garantizar la seguridad y soberanía nacional.
Además del incumplimiento de normas y procedimientos institucionales, entre las principales faltas disciplinarias identificadas en miembros de la Dirección General de Migración figuran los incumplimientos del horario de trabajo, las inasistencias y ausencias injustificadas.
También se incluyen el trato inadecuado al usuario, el uso indebido de herramientas institucionales, malas prácticas en el manejo de inmigrantes irregulares detenidos y la desobediencia a instrucciones superiores.
El director de Migración afirmó que la institución mantiene controles administrativos, operativos y disciplinarios para prevenir irregularidades en aeropuertos, puertos y puntos fronterizos, mediante supervisión jerárquica, investigaciones internas, labores de inteligencia y aplicación del régimen disciplinario previsto en la Ley de Función Pública.
Además, manifestó que, como complemento de estas acciones, la institución desarrolla programas permanentes de capacitación orientados al fortalecimiento de la ética pública, la integridad institucional y la prevención de riesgos de corrupción.
El vicealmirante Lee Ballester reiteró que la institución mantiene una política de cero tolerancia frente a actuaciones contrarias a la ley por parte de sus miembros.
Por ello, subrayó que la DGM aplica lo dispuesto en la Ley 41-08 de Función Pública, la cual establece que la comisión de faltas de tercer grado puede dar lugar a la destitución del cargo dentro de la administración pública mediante una decisión administrativa.
El artículo 84 de la normativa establece las causas por las cuales un empleado público puede ser desvinculado, entre ellas; el manejo fraudulento de fondos o bienes del Estado, beneficiarse económicamente, favorecer a terceros, asociarse con contratistas del órgano donde se trabaja, recibir dádivas, comisiones o gratificaciones indebidas, prestar asesorías pagadas a entidades públicas, contraer obligaciones con personas vinculadas al cargo o cobrar compensaciones por servicios no realizados.
Otros supuestos incluyen emitir certificaciones falsas, ser condenado penalmente, aceptar cargos o distinciones extranjeras sin autorización, acosar sexualmente usando la jerarquía o el cargo, retrasar pagos de indemnizaciones, incumplir decisiones administrativas o judiciales, afectar la prestación normal del servicio, interrumpir labores institucionales, negarse a colaborar en calamidades públicas, reincidir en faltas de segundo grado o cometer hechos similares por gravedad.
Lee Ballester declaró que, antes de procesar una desvinculación, la institución investiga toda denuncia o información que contenga indicios de actuaciones contrarias a las normas internas, por lo que los procesos se activan cuando existen elementos que justifican la apertura de una investigación.
Indicó que las indagaciones pueden arrojar resultados que demandan la adopción de medidas contras las personas involucradas, como la suspensión preventiva del servidor mientras concluyen las pesquisas.
No obstante, destacó que, cuando se determina la responsabilidad administrativa o penal, se aplican las sanciones previstas en la normativa vigente o se remiten los casos a las autoridades competentes, según corresponda.
Procesos judiciales
Cuando las investigaciones administrativas identifican posibles infracciones penales, los expedientes son remitidos al Ministerio Público (MP) para los fines correspondientes.
La Dirección General de Migración indicó que durante el período enero-junio de 2026, la Dirección Jurídica emitió opinión en 88 expedientes relacionados con procesos de desvinculación por faltas graves, como parte del trámite previo a la decisión administrativa.
Asimismo, informó que, durante el período señalado, se remitieron siete casos al órgano persecutor al identificarse indicios de posibles infracciones penales durante las investigaciones administrativas.
De acuerdo con la institución, de esos expedientes, uno concluyó con una sentencia condenatoria de dos años de prisión por el delito de falsificación de documentos, mientras que los demás permanecen bajo conocimiento de las autoridades competentes.
El director de Migración informó que, entre enero de 2025 y el 30 de junio de 2026, el Departamento de Atención al Usuario registró 182 denuncias recibidas a través de los diferentes canales institucionales.
No obstante, Lee Ballester aclaró que ese total no corresponde exclusivamente a denuncias por presuntos sobornos, extorsión o cobros irregulares, sino que incluye diferentes inconformidades relacionadas con actuaciones del personal y la prestación de servicios migratorios.
En cuanto a las denuncias vinculadas a los presuntos cobros indebidos, sobornos o extorsiones, indicó que fueron remitidas a la Dirección de Asuntos Internos, donde, según afirmó, el 100 % de los casos recibidos fue investigado.
El caso de La Altagracia
Con relación al caso ocurrido en La Altagracia, el vicealmirante Lee Ballestar sostuvo que los procesos que han llegado a los tribunales se han originado a partir de informaciones recopiladas por las direcciones de Inteligencia Migratoria, Contrainteligencia, Investigaciones y Control Migratorio, así como por denuncias de personas que alegan haber sido víctimas de engaños o extorsiones por parte de miembros de la institución.
Explicó que, luego de analizar las informaciones y determinar la existencia de elementos probatorios, los expedientes son compartidos con el Ministerio Público para proceder con las acciones judiciales correspondientes.
Entre las autoridades con las que la DGM coordina estos procesos mencionó a la procuradora general, Yeni Berenice; el director de Persecución del Ministerio Público, Wilson Camacho; así como la magistrada Mirna Ortiz, de la Procuraduría Especializada de Persecución de la Corrupción Administrativa (Pepca), y Yohana Bejarán, de la Procuraduría Especializada contra la Trata y Tráfico de Personas.
Remax República Dominicana celebró su convención anual “Reunidos 2026”, marcando un nuevo capítulo para la organización con importantes anuncios enfocados en crecimiento, innovación y fortalecimiento de la red.
En el hotel Catalonia Santo Domingo, Mélido Marte y Luis Piantini, propietarios del máster franquiciado de Remax en República Dominicana, resaltaron el crecimiento sostenido de la red, que actualmente cuenta con más de 30 franquicias activas, 590 agentes y presencia en las principales ciudades del país.
Piantini destacó la importancia de evolucionar junto al mercado inmobiliario, mientras que Marte reafirmó la filosofía de crecimiento y liderazgo que caracteriza a la marca.
Ambos hicieron referencia a la reciente operación corporativa global relacionada con Real Brokerage y la marca Remax.
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