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Un estudio vincula la pér…

May 06, 2026 Hits:13 Salud

Detalles: Nj productora; Actualidad; 17 Abril 2026; Visitas: 35

Diversos sectores representativos de la sociedad dominicana han cerrado filas en torno a la propuesta de la procuradora general adjunta, Yeni Berenice Reynoso, para suscribir un Pacto de Estado contra la Violencia.

La Fundación Institucionalidad y Justicia (FINJUS), el Colegio de Abogados de la República Dominicana (CARD) la Comisión Nacional de los Derechos Humanos (CNDH) y la Fundación Equidad y Justicia Social (FEJES) coinciden en que el fenómeno de la criminalidad ha desbordado la capacidad de las instituciones aisladas y requiere un abordaje integral, sistémico y participativo.

El vicepresidente ejecutivo de la FINJUS, Servio Tulio Castaño Guzmán, calificó como "importantísima" la propuesta de Reynoso, tras señalar que la mayor debilidad de la República Dominicana en la lucha contra la criminalidad no ha sido la falta de capacidad técnica, sino la incapacidad de integración entre las instituciones y la sociedad.

El jurista reflexionó sobre el funcionamiento actual de las entidades gubernamentales, indicando que el Estado suele operar como un conjunto de instituciones aisladas en lugar de un sistema cohesionado. "Muchas veces el Estado no funciona como un sistema, sino como un conjunto de instituciones que operan parcialmente desconectadas de la ciudadanía", afirmó.

Para Castaño Guzmán, el éxito de este pacto depende de su inclusividad. Hizo un énfasis especial en que no se puede dejar fuera a las instituciones religiosas: "Es fundamental involucrar a todas las iglesias", sostuvo, resaltando que estos sectores son clave para conectar con la base de la sociedad y generar un cambio real en el comportamiento ciudadano.

CARD: Diagnóstico y blindaje contra narcotráfico

Por su parte, el presidente del Colegio de Abogados, Trajano Vidal Potentini, saludó la propuesta de la magistrada y subrayó que la criminalidad requiere un "abordaje integral" que trascienda la labor policial.

Afirmó que el combate a la delincuencia organizada demanda un esfuerzo colectivo y que el CARD, como asesor del Estado en materia legislativa, está listo para aportar soluciones técnicas.

Para Potentini, el éxito del pacto dependerá de la capacidad de identificar las causas raíz de manera específica. Propuso que el diagnóstico no sea general, sino segmentado por provincias y localidades para aplicar correctivos diseñados a la medida de cada zona.

Asimismo, identificó factores que agravan la situación actual, como la desigualdad social —siendo la brecha económica un parámetro determinante en el auge delictivo— y el impacto económico derivado de los conflictos en Medio Oriente. Advirtió, además, que el narcotráfico ha penetrado "hasta los tuétanos" la capacidad decisoria en el ámbito político dominicano.

Reforma política como blindaje El presidente del gremio de abogados enfatizó que la lucha contra la violencia debe tocar el sistema político y abogó por fortalecer las leyes, especialmente la de Partidos Políticos, para evitar que el crimen organizado siga permeando las estructuras de poder. "Saludamos, nos sumamos y estaremos prestos para dar seguimiento a esta propuesta", concluyó.

CNDH: Apoyo con enfoque crítico

En tanto, el presidente de la CNDH, Manuel María Mercedes Medina, manifestó su total respaldo a la propuesta, calificando el llamamiento como "justo y atinado". Aseguró que su organización está lista para integrarse formalmente a las mesas de trabajo y contribuir en la búsqueda de soluciones frente al auge de la violencia.

El activista destacó que la CNDH espera que los distintos sectores sociales correspondan con la misma voluntad a la iniciativa de la Procuraduría. Sin embargo, adelantó que su participación no será solo de acompañamiento, sino también de análisis crítico.

"Aprovecharemos el escenario para proponer y discutir las verdaderas causas que generan el incremento de la violencia", afirmó Mercedes Medina.

A pesar de su apoyo al pacto, el presidente de la CNDH fue enfático al señalar que el origen del problema radica en las estructuras del poder, considerando que el Estado dominicano actúa como un "promotor" de la violencia debido a la aplicación de políticas excluyentes.

Mientras que el reverendo Fidel Lorenzo Merán, presidente de la Fundación Equidad y Justicia Social (FEJES) y expresidente del Consejo Dominicano de Unidad Evangélica (CODUE), hizo un llamado enérgico a todos los sectores de la vida nacional para enfrentar la creciente ola de violencia en la República Dominicana mediante una propuesta articulada y, sobre todo, con inversión real.

Lorenzo Merán calificó como "acertada y pertinente" la propuesta de la procuradora Berenice Reynoso, sin embargo, el líder religioso advirtió que esta iniciativa no puede quedarse en una simple declaración de buenas intenciones.

El expresidente del CODUE lamentó que la sociedad dominicana se esté acostumbrando a vivir "como chivos sin ley", donde los conflictos en el hogar, el trabajo y la comunidad terminan en luto y tragedia.

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Detalles: Nj productora; Actualidad; 17 Abril 2026; Visitas: 50

Expertos plantearon un mayor rol de la academia dominicana frente a la criminalidad con la base de que están llamadas a asumir un papel activo en la prevención del crimen y la violencia, no solo como formadora de profesionales, sino como generadora de soluciones en la sociedad.

Ese fue el eje central del cuarto panel del Foro Contra el Crimen y la Violencia, celebrado en la Universidad Autónoma de Santo Domingo (UASD), con la participación de expertos del ámbito jurídico, académico y político.

El exprocurador general adjunto y exjuez del Tribunal Constitucional, Alejandro Moscoso Segarra, planteó que las universidades deben ir más allá de la enseñanza técnica.

“La Universidad no debe limitarse a la transmisión técnica de conocimiento, sino que tiene la admisión de formar ciudadanos con capacidad de comprensión de su tiempo y de la realidad social”, afirmó.

Sostuvo que la política criminal no puede depender únicamente del Estado: “La política criminal no se reduce a la persecución penal, sino que constituye el conjunto de respuestas que el Estado y la sociedad organiza frente al fenómeno criminal”.

“Resulta evidente que su construcción no puede quedar limitada a los órganos tradicionales del sistema penal y al ministerio de Justicia”, agregó.

Moscoso Segarra también destacó la necesidad de entender la criminalidad desde un enfoque científico y social, al afirmar que la respuesta no puede darse solo desde el Estado, sino que debe contar con una serie de mecanismos, de respuestas institucionales y sociales.

Entre sus propuestas, mencionó la creación de observatorios universitarios de criminalidad, clínicas jurídicas para atención a víctimas, programas de prevención en comunidades vulnerables y la reformulación de los planes de estudio con mayor enfoque en criminología.

Además, subrayó la relación entre seguridad, educación y desarrollo: “La diferencia está ahí no en persecución ni en mano dura en ese populismo penal, es educación, cohesión social e inversión”, dijo, al comparar países como Finlandia y Costa Rica.

El académico Claudio Mejía Medrano coincidió en que las universidades deben ser actores estratégicos.

“Las universidades se posicionan como actores clave por su capacidad de generar conocimiento, de formar ciudadanía crítica y de articular esfuerzos con el estado, con el sector privado y con la sociedad civil”, expresó.

También dijo que el conocimiento producido debe tener un propósito práctico: “Ese conocimiento que generan las universidades, debe ser un conocimiento útil y orientado a la solución de los problemas que afectan a los habitantes del territorio”, afirmó.

Mejía Medrano propuso la creación de una red nacional de observatorios de criminalidad.

“Si se creara un observatorio de todas las universidades para monitorear el fenómeno de la criminalidad, tendríamos una red con una extraordinaria eficacia”, sostuvo.

En el ámbito de la reforma policial, el comisionado ejecutivo Luis García enfatizó en la confianza ciudadana, al señalar que hoy el reto no es combatir solamente con más tecnología y mejores datos, sino construir de verdad una narrativa basada en dos elementos que cree que son importantes: por un lado la confianza ciudadana.

Detalles: Nj productora; Actualidad; 17 Abril 2026; Visitas: 54

El Consejo de Defensa del exprocurador Jean Alain Rodríguez calificó el octavo informe de Participación Ciudadana como un “pasquín político carente de rigor jurídico”, en medio de un proceso penal que, según alegan, se acerca a los seis años de duración.

Los abogados del exfuncionario sostienen que el documento busca “imponer una narrativa artificiosa” para influir en el sistema de justicia, justo cuando el caso supera el plazo máximo de cuatro años establecido en el Código Procesal Penal.

Según la defensa, el informe contiene informaciones “falsas, tergiversadas y manipuladas”, con el objetivo de presionar a los tribunales y vulnerar el principio de legalidad.

Cuestionaron que Participación Ciudadana sustente sus argumentos en decisiones antiguas de la Suprema Corte de Justicia y del Tribunal Constitucional, las cuales —aseguran— han sido superadas por jurisprudencias más recientes.

Entre estas, citaron la sentencia TC/0538/25, que establece que el plazo razonable constitucional sí corresponde al límite de cuatro años fijado en la normativa procesal.

Rechazaron la afirmación de que los plazos del Código Procesal Penal sean “referenciales”, calificándola como una “aberración jurídica”. Indicaron que la sentencia TC/1296/25 reafirma que ese plazo constituye el tiempo máximo de duración de un proceso, incluyendo todas sus instancias.

La defensa también acusó a la organización de responder a intereses políticos y de procurar beneficios institucionales, señalando que varios de sus directivos han sido designados en cargos públicos.

En cuanto al desarrollo del caso, los abogados argumentaron que las dilaciones no son atribuibles a Rodríguez, quien —según indicaron— nunca ha faltado a audiencias ni ha solicitado aplazamientos.

Recordaron que el exfuncionario permaneció cuatro años en prisión preventiva.

Según la defensa, el informe contiene informaciones “falsas, tergiversadas y manipuladas”, con el objetivo de presionar a los tribunales y vulnerar el principio de legalidad.

Entre estas, citaron la sentencia TC/0538/25, que establece que el plazo razonable constitucional sí corresponde al límite de cuatro años fijado en la normativa procesal.

Recordaron que el exfuncionario permaneció cuatro años en prisión preventiva.

Detalles: Nj productora; Actualidad; 17 Abril 2026; Visitas: 52

Donald Trump Episcopado Dominicano

La Conferencia del Episcopado Dominicano (CED) envió una carta al papa León XIV para expresarle apoyo a su llamado a "deponer las armas" y "procurar la paz" y mostrar su rechazo a quienes "pretenden silenciar su voz o tergiversar su mensaje", anunció este jueves la institución.

"La palabra del Señor nos alienta a confiar y a manifestar nuestra comunión con usted, Sucesor de Pedro, en estos momentos de gran conmoción en el mundo, donde su voz resuena llamando a deponer las armas, a establecer el camino del diálogo sincero y procurar la paz", expresó la CED en su misiva fechada este miércoles.

En esa carta, sin mencionar directamente al presidente estadounidense, Donald Trump, el Episcopado dominicano manifestó al papa que "se une a su clamor en el llamado a la paz y, a la vez, eleva su oración a Dios Todopoderoso para que le llene de fortaleza en el anuncio valiente del Evangelio".

El papa León XIV ha protagonizado en los últimos días un agrio enfrentamiento con Donald Trump a cuenta de la guerra en Irán, pero también por los gestos que este último ha tenido de retratarse —mediante una imagen creada por la IA— como el propio Jesucristo, detalle que levantó tal oleada de críticas que el presidente terminó por eliminar la imagen de sus redes sociales.

Lejos de amainar, el rifirrafe entre León XIV y su paisano Trump parece crecer con las palabras que el papa pronunció hoy mismo en Camerún: "El mundo está siendo destruido por unos pocos tiranos", dijo, unas palabras que fueron unánimemente leídas como alusivas al mismo Trump

El episcopado dominicano añadió, citando al Evangelio, que "apacentar las ovejas no es tarea fácil", pero es "parte de su ministerio petrino", una misión "ineludible en todos los tiempos y circunstancias".

Asimismo, trasladó al obispo de Roma que cuenta, por parte del episcopado y el pueblo dominicano, con la "solidaridad, oración y comunión con sus pronunciamientos, así como el total y categórico rechazo a todos los poderes terrenales que pretenden silenciar su voz profética o tergiversar su mensaje".

Detalles: Nj productora; Actualidad; 09 Marzo 2026; Visitas: 133

Las mujeres que se encuentren en situación de riesgo o enfrenten violencia podrán emitir una alerta y solicitar ayuda en tiendas, bancos y farmacias, a través de los "Puntos Vida", una iniciativa orientada a ampliar los espacios de denuncia y protección para víctimas.

A tres meses de haberse presentado el programa para la prevención de la violencia de género, la ministra de Interior y Policía, Faride Raful informó este lunes que algunos de estos puntos ya operan en determinados establecimientos, mientras avanzan esta semana en su expansión a nivel nacional.

Tras la reunión de la Fuerza de Tarea, la funcionaria explicó que estos espacios servirán como una puerta de acceso alternativa para solicitar asistencia, sin que las víctimas tengan que acudir necesariamente a una fiscalía o a un destacamento policial.

Capacitarán al personal

"Ahí las mujeres, en lugares como farmacias, bancos o tiendas que tengan esta identificación, van a poder llegar, dar su voz de alerta y recibir atención y protección en espacios que usualmente no estaban preparados para protegerlas", dijo.

Raful indicó que los comercios que formen parte del programa contarán con un personal capacitado como primeros respondientes, quienes tendrán el protocolo para contactar a la Policía Nacional y activar los mecanismos de protección correspondientes.

"Esto es prevención activa y nosotros estamos enfocados en trabajar este tema y lo estamos trabajando con una efectividad y con una proyección que nos permite medir cuál es la capacidad que estamos teniendo para prevenir la vida en las mujeres", manifestó.

Capacitarán al personal

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