Estas son las penas que solicita la Fiscalía para militares y policías acusados de estafa al Estado

El Ministerio Público solicitó este jueves al Primer Tribunal Colegiado del Distrito Nacional imponer penas que oscilan entre 5 y 20 años de prisión, además de multas millonarias, decomiso de bienes y la disolución de empresas e instituciones, contra los militares y policías imputados  de corrupción administrativa, mediante la cual, según la acusación, se sustrajeron más de 4,500 millones al Estado dominicano.

Los fiscales, encabezados en audiencia por la procuradora de corte Mirna Ortiz, titular de la Procuraduría Especializada de Persecución de la Corrupción Administrativa (Pepca), solicitaron 20 años de prisión y multas de 400 salarios mínimos para los generales Adán Cáceres Silvestre, Juan Carlos Torres Robiou y Julio Camilo de los Santos Viola, señalados como cabecillas de la red.

• La misma pena fue solicitada para el coronel Rafael Núñez de Aza, el general Boanerges Reyes Batista y el capitán Franklin Antonio Mata Flores, además del decomiso de los bienes y pruebas materiales vinculadas a los hechos.

Asimismo, el Ministerio Público pidió 15 años de prisión y multas de 300 salarios mínimos para Rossy Guzmán Sánchez, conocida como la Pastora; Kelman Santana Martínez y Pedro Roberto Castillo Nolasco.

Para Yehudy Guzmán Alcántara, el cabo policial Tanner Antonio Flete Guzmán, Erasmo Roger Pérez Núñez, José Manuel Rosario Pirón, Jehohanan Lucía Rodríguez Jiménez, Guillermo de Jesús Torres Robiou, Epifanio Peña Lebrón, Lucía de los Santos Viola, Manuel de Jesús Alba Solano, Elida María Trinidad Santiago, Enmanuel Antonio Alba Trinidad, Raymel Pastor del Rosario Viola, Onoris Beatriz Soto de los Santos, Eric Daniel Pereyra Núñez y Santiago Antonio Suárez Peguero, el órgano acusador solicitó 10 años de prisión y multas de 200 salarios mínimos, junto al decomiso de bienes.

En el caso de Esmeralda Ortega Polanco, el Ministerio Público solicitó 10 años de prisión y una multa de 400 salarios mínimos, mientras que para el sargento Alejandro José Montero Cruz pidió 10 años de cárcel y una multa de 75 salarios mínimos.

Pena para el delator

Para el mayor Raúl Alejandro Girón Jiménez, quien admitió los hechos y colaboró con el proceso, el Ministerio Público solicitó cinco años de prisión y una multa de 200 salarios mínimos, requiriendo al tribunal que el tiempo cumplido bajo arresto domiciliario sea computado como pena cumplida y que el resto sea suspendido, bajo reglas como residencia fija, presentación periódica ante el juez de ejecución de la pena y prohibición del porte de armas.

Igualmente, solicitó cinco años de prisión para Carlos Augusto Lantigua Cruz, con una multa de 500,000 pesos, y para Miguel Ventura Pichardo, con igual sanción económica.

Empresas involucradas 

En cuanto a las personas jurídicas, el Ministerio Público solicitó la clausura, suspensión de operaciones y disolución de la Iglesia Bautista Vida Eterna, además de una multa de 200 salarios mínimos.

También pidió sanciones similares para las empresas Hacienda Kelman SRL, CSNA Universo Empresarial SRL, Randa International Company SRL, Aldom Glass Aluminium SRL y R&F Agroindustrial, todas con multas de 200 salarios mínimos y decomiso de bienes.

Para la empresa Rawel Importadores SRL, solicitó su disolución y una multa de 10 millones de pesos, la cual, conforme a lo dicho por el Ministerio Público, ya fue pagada, al tiempo que destacó su colaboración con el proceso y la aceptación de responsabilidad penal.

Próxima audiencia

El tribunal, presidido por la jueza Giselle Méndez e integrado además por Jissel Naranjo y Tania Yunes, fijó la continuación de la audiencia para el martes 10 del mes en curso.

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