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La procuradora general de la República, Yeni Berenice Reynoso, aseguró que el Ministerio Público mantendrá firme su compromiso de perseguir la corrupción administrativa y advirtió que bajo ninguna circunstancia se detendrá la lucha contra ese flagelo, al que calificó como una grave violación de los derechos humanos.A través de un comunicado, Reynoso sostuvo que la institución continuará ejerciendo su rol constitucional como órgano persecutor del Estado, impulsando las acciones legales necesarias para enfrentar los actos de corrupción y garantizar la rendición de cuentas.“El Ministerio Público, como órgano persecutor del Estado, tiene un mensaje claro, firme y definitivo para la ciudadanía: bajo ninguna circunstancia vamos a detener la lucha contra la corrupción”, expresó.La magistrada enfatizó que la corrupción trasciende la categoría de delito común, debido al impacto que tiene sobre la calidad de vida de la población. Explicó que cada recurso público desviado representa menos inversión en salud, educación, seguridad y oportunidades para las actuales y futuras generaciones.En referencia a recientes decisiones judiciales, Reynoso afirmó que el Ministerio Público ejercerá su deber constitucional de recurrir aquellas resoluciones que considere contrarias al derecho. Indicó que ha participado directamente en las investigaciones y conoce de primera mano las evidencias recabadas.“Dejar pasar un auto de no ha lugar que no se sustenta en derecho, y que favorece a imputados que desempeñaron un rol fundamental dentro de una estructura criminal, no sería honesto ni justo para el país”, manifestó.La titular del Ministerio Público aseguró que existen pruebas suficientes para sustentar las acusaciones, incluyendo testimonios directos y documentación que, según afirmó, evidencian la participación de los imputados en los hechos investigados.En ese sentido, anunció que el órgano acusador apelará la decisión judicial para que los casos sean conocidos en un juicio de fondo. “Las participaciones criminales acreditadas mediante testimonios directos y corroboradas con decenas de pruebas deben ser conocidas en un juicio de fondo”, puntualizó.Reynoso reveló además que uno de los imputados favorecidos con la decisión admitió haber recibido más de RD$700 millones en efectivo provenientes de actos de corrupción, declaración que, según dijo, se produjo en presencia de fiscales y abogados.Al destacar los avances alcanzados en los últimos años, Reynoso informó que el Ministerio Público registra 274 personas físicas y jurídicas acusadas en procesos por corrupción, así como 74 condenas obtenidas en los casos conocidos hasta la fecha.Además, señaló que se han emitido 174 autos de apertura a juicio y se han decomisado más de RD$6,000 millones en favor del Estado dominicano.La magistrada también resaltó la aprobación de nuevas herramientas jurídicas para combatir los delitos contra el patrimonio público, entre ellas la Ley de Extinción de Dominio, la Ley de Compras y Contrataciones y las reformas introducidas al Código Penal.Pese a estos avances, reconoció que persisten desafíos estructurales que requieren una respuesta firme de las instituciones encargadas de combatir la corrupción.
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