Yeni Berenice advierte más imputados por el caso Senasa

La procuradora Yeni Berenice Reynoso afirmó este miércoles que el expediente por el fraude millonario contra el Seguro Nacional de Salud (Senasa) “está lejos de concluir”, y que más personas enfrentarán a la justicia como parte de la Operación Cobra.
Las declaraciones tuvieron lugar en un encuentro con periodistas, donde reiteró que el Ministerio Público considera este caso “de altísima prioridad” por su impacto social y económico.
Según explicó, todo individuo que haya participado en la sustracción, desvío o facturación irregular de fondos del régimen contributivo o subsidiado tendrá que responder en los tribunales. Recordó que Senasa garantiza el acceso a servicios de salud de más de siete millones de dominicanos, incluidos los sectores más vulnerables, como pensionados y personas de bajos ingresos.
Reynoso calificó como “absolutamente criminal” que pacientes recibieran procedimientos médicos no requeridos, únicamente para generar cobros ilegales.
Entre algunos datos, la procuradora que una persona recibió más de cinco procesos de cateterismo sin necesitar siquiera uno, mientras a otras se les indicaron múltiples sesiones de radioterapia sin justificación clínica, decisiones adoptadas después de verificar cuántos fondos tenían disponibles mediante el código del seguro.
Indicó que el Ministerio Público investiga si estos procedimientos innecesarios pudieron haber provocado la muerte de algún afiliado, un aspecto que, según dijo, está en la fase de profundización. “Poner en riesgo la vida de una persona solo por cobrar es un acto criminal”, subrayó.
La procuradora insistió en que el caso debe servir como punto de inflexión nacional, similar al debate social ocurrido tras los escándalos bancarios de décadas pasadas. A su juicio, el sistema de salud dominicano necesita una participación más activa de la sociedad para impulsar una transformación que evite que se repita un fraude de esta magnitud.
Finalmente, sostuvo que el Ministerio Público continuará trabajando hasta lograr sanciones penales ejemplares y el decomiso de cada peso malversado.
“Este caso es indignante por el daño económico y por el riesgo real a la vida de personas que confiaban en el sistema de salud”, expresó.
 

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