Indexación salarial, lo que ordena la ley tributaria dominicana y lo que ocurre en la práctica

Después de intensas jornadas legislativas, la comisión compuesta por ambas cámaras del Congreso de la República aprobó este miércoles el presupuesto del año 2026 sin tomar en cuenta lo que establece el Código Tributario dominicano sobre el ajuste inflacionario que grava el salario de los ciudadanos conocido como indexación salarial.
La discusión sobre la indexación salarial o el ajuste automático por inflación de la escala del Impuesto Sobre la Renta (ISR) ocupó el centro del debate legislativo, jurídico fiscal en la República Dominicana.
Aunque el mecanismo está previsto de manera expresa en el Código Tributario (Ley 11-92), su aplicación ha permanecido suspendida desde el año 2017, un efecto que se refleja directamente en el bolsillo de los trabajadores.
El mandato legal es claro, ajustar los tramos del ISR cada año.
La normativa tributaria nacional establece la obligación de actualizar anualmente las escalas del ISR. El Artículo 296 de la ley 11-92 dispone que tanto la exención contributiva como los tramos impositivos deben ajustarse conforme a la inflación acumulada del año anterior, tomando como referencia oficial las estadísticas del Banco Central de la República Dominicana.
A esta disposición se suma el articulado 327 de la referida ley, que otorga al Poder Ejecutivo la facultad de ordenar dichos ajustes, reforzando así el carácter obligatorio de la indexación anual. En términos jurídicos, el propósito de la normativa es evidente; impedir que la inflación "arrastre" a los asalariados hacia tramos impositivos superiores, protegiendo así su poder adquisitivo real.
En tal sentido, como lo establece la ley, el salario mínimo exento del pago de ISR debió haber sido revisado cada año, evitando que contribuyentes antes liberados del impuesto terminaran tributando debido, únicamente, al alza generalizada de precios.
Pese a la claridad que tiene la ley a efectos normativos, la indexación salarial no se aplica desde el año 2017. Desde entonces, la escala completa del IRS, incluyendo el monto exento y los tramos gravados, ha quedado varada, aun cuando la inflación acumulada ha superado ampliamente el valor que sirve de referencia para dichos ajustes.
El congelamiento ha provocado que miles de trabajadores, especialmente en los segmentos medios de la población dominicana, pasen a tributar a pesar de que su incremento salarial responde solo a la inflación, y no a un aumento de ingresos reales. El resultado de esto, es una pérdida efectiva del poder adquisitivo y un mayor peso fiscal sobre sectores que la ley contemplaba proteger en la lógica legislativa.
Ante este escenario, sindicatos, economistas y las organizaciones políticas de la oposición hayan intensificado sus reclamos para que el Estado cumpla el mandato legal de actualización anual de la escala de exención.
El tema genera nuevamente controversia con la aprobación de la comisión bicameral del Presupuesto 2026, sin su aplicación, y donde varios legisladores han sometido iniciativas para restablecer la indexación automática conforme dispone la ley.
El Gobierno ha reconocido públicamente que el ajuste "es justo y necesario", aunque insiste en que cualquier implementación debe considerar el equilibrio fiscal del Estado. Mientras tanto, expertos tributarios y actores políticos advierten que prolongar la falta de indexación profundiza un lastre contra la clase trabajadora dominicana.
 

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