Mientras otras reformas se resolvieron en semanas, la laboral cumple un año sin avanzar

De todas las reformas impulsadas por el presidente Luis Abinader, la laboral es la única que no termina de cuajar en el Congreso.
Mientras la reforma constitucional se aprobó en apenas dos meses y la fiscal fue discutida y retirada en cuestión de semanas, el proyecto de modificación del Código Laboral acumula más de un año en los pasillos del Congreso sin salir de las comisiones, pese a los reiterados anuncios de avance.
Este lunes, la Comisión Permanente de Trabajo de la Cámara de Diputados volvió a reunirse para revisar la iniciativa, que previamente fue conocida por el Senado. Aunque el grupo de trabajo tiene casi un mes con el proyecto en sus manos, su coordinador, el diputado Mélido Mercedes, informó que los legisladores apenas han llegado al análisis del artículo siete, de los más de 80 que contiene la propuesta.
La reforma laboral fue aprobada en julio del 2025 en el Senado, pero no fue acogida en la Cámara de Diputados por el cierre de la legislatura, lo que provocó que perimiera y que tuviera que ser estudiada otra vez desde cero.
Nuevamente, el Senado aprobó la iniciativa en dos discusiones y la envió a la Cámara de Diputados, donde avanza junto a otros proyectos similares sometidos por los voceros partidarios en la Cámara Baja, la diputada Carmen Ligia Barceló y el diputado Adelso de Jesús Rubén Contreras.
El ritmo de la reforma laboral contrasta con la velocidad que tuvieron otras reformas promovidas por el Gobierno. La modificación constitucional, por ejemplo, se presentó en agosto de 2024 y fue aprobada en octubre del mismo año, en menos de dos meses.
Esa reforma incluyó cambios profundos en la Carta Magna como la reducción del número de diputados de 190 a 170, la unificación de las elecciones municipales, congresuales y presidenciales a partir de 2032, y la introducción de una cláusula que impide a los mandatarios mantenerse en el poder más de dos periodos consecutivos.
También estableció un nuevo método para la designación del procurador general, que ahora será propuesto por el presidente y evaluado por el Consejo Nacional de la Magistratura (CNM).
A pesar de tratarse de una reforma constitucional, que normalmente requiere amplios consensos, el proceso fue rápido ya que el Partido Revolucionario Moderno (PRM) abarcó una arrolladora mayoría de votos de legisladores en la Asamblea Nacional. La organización oficialista logró aprobarla con su propia matrícula, al superar los 170 asambleístas necesarios en la Asamblea Nacional.
Otro caso fue la reforma fiscal. El Gobierno la presentó en la Cámara de Diputados el 7 de octubre de 2024. Sin embargo, tras una oleada de críticas de distintos sectores, el propio presidente Abinader ordenó su retiro antes de que terminara el mes.
El proyecto de Ley de Modernización Fiscal buscaba aumentar las recaudaciones estatales en unos 122,486 millones de pesos al año mediante ajustes tributarios, entre ellos el incremento de impuestos a servicios, bienes y propiedades, así como la conversión del Itbis en un nuevo Impuesto al Valor Agregado (IVA).
Los puntos más cuestionados fueron el aumento en el pago de marbetes, el alza del Impuesto a la Propiedad Inmobiliaria (IPI), la eliminación de exenciones a la industria hotelera y cinematográfica, y la posible inclusión de productos básicos dentro del IVA.
Ante el rechazo generalizado, Abinader decidió retirar el proyecto, alegando que, aunque fue diseñado con sentido de urgencia y responsabilidad fiscal, "no contaba con el consenso necesario para ser aprobado".
A diferencia de esos procesos veloces, la reforma laboral sigue sin definirse. El proyecto, que busca actualizar el Código de Trabajo vigente desde 1992, continúa en fase de estudio un año después de haber llegado al Congreso.
Hasta ahora, el punto más controversial identificado por los legisladores es la modificación del régimen de cesantía, que divide a empresarios y sindicatos.
La falta de acuerdo sobre el punto no representa la postura del PRM, según anunció el vocero de la organización oficialista, Amado Díaz. De hecho, el proyecto original de la reforma laboral presentado hace un año por el Poder Ejecutivo dejó intocable el punto de la cesantía.
Sin embargo, aunque el proyecto de reforma laboral no incluye puntos controversiales y solo busca modernizar el Código de Trabajo con el aumento de las vacaciones, la licencia de paternidad, el teletrabajo o la regulación del trabajo doméstico, el oficialismo no ha logrado la aprobación rápida del proyecto, como pasó en las pasadas reformas.

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