Entre las 151 propuestas que se acordaron en el "Diálogo sobre la crisis haitiana" se encuentra una que plantea "la identificación y formalización laboral de los trabajadores inmigrantes".
Precisa el documento que esto deberá hacerse en el marco del respeto a las leyes nacionales vigentes, en especial la de Migración.
Bajo el entendido de que la informalidad laboral está estrechamente ligada a la irregularidad migratoria, también resolvieron fortalecer la aplicación de la Ley 87-01, que crea el Sistema Dominicano de Seguridad Social, en lo que respecta a servicios básicos y garantías mínimas para trabajadores en condiciones regulares.
En el informe final entregado al presidente Luis Abinader y a sus antecesores, Danilo Medina, Leonel Fernández e Hipólito Mejía, se acordó revisar y adecuar la normativa vigente para corregir "contradicciones y rigideces".
Dentro de las disposiciones legales a ajustar está "el estricto cumplimiento del artículo 135 del Código de Trabajo sobre la regla 80-20 en la composición de la fuerza laboral". Se refiere a la obligación legal de que al menos el 80 % de los trabajadores sean dominicanos. 
También propusieron revisar el artículo 145 del Código de Trabajo para permitir excepciones temporales en los sectores agropecuario y construcción, bajo condiciones estrictas y previa consulta con los sectores productivos y sociales, así como adecuar el Reglamento de Aplicación de la Ley General de Migración para facilitar su articulación con la política laboral.
Los representantes de los expresidentes y del actual mandatario favorecieron que se evalúe otorgar facilidades para apertura de cuentas de nómina a trabajadores migrantes en condiciones formales.
Las disposiciones anteriores estarían acompañadas de un régimen de sanciones y control que, de aplicarse, perseguiría la contratación irregular de migrantes e incentivaría la formalización.
Además, se fortalecería la inspección del Ministerio de Trabajo, aumentando inspectores y priorizando sectores de alto riesgo, e incorporarían tecnologías de última generación para fiscalizar la contratación y el cumplimiento de las obligaciones laborales y migratorias.
En ese sentido, las autoridades fortalecerían esa institución para facilitar su trabajo como órgano rector de la política laboral y crearían bajo su coordinación un Observatorio Nacional de Migración Laboral para diseñar e implementar políticas efectivas.
Los actores políticos, sociales y empresariales que participaron en las discusiones coincidieron en implementar un sistema nacional de información y monitoreo sobre oferta y demanda laboral que aporte información precisa sobre las necesidades del mercado.
En este apartado se contempla implementar campañas de orientación y formación profesional dirigidas a incentivar a la población dominicana a trabajar en sectores dependientes de mano de obra migrante.
Adicionalmente, evaluar un programa nacional de mecanización agropecuaria con asistencia técnica, financiamiento y formación.

 


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