Para las elecciones presidenciales y congresuales del 2028, el Poder Legislativo se propone implementar cambios profundos en los comicios a través de siete proyectos de ley que van desde debates electorales obligatorios hasta la eliminación de las encuestas como método para elegir a los candidatos en los partidos políticos. Ninguno de los proyectos ha sido aprobado en la Cámara de Diputados, pero todos se encuentran bajo un intenso estudio en la comisión permanente de Junta Central Electoral (JCE), que ya tiene informes listos para algunas iniciativas.
El más antiguo de los siete se encuentra bajo el análisis de los diputados desde marzo del 2023 y busca implementar la votación cibernética en República Dominicana para las elecciones del año 2028. El proyecto fue depositado y respaldado por 30 diputados de todas las organizaciones políticas.
La propuesta legislativa dispone que el día de las elecciones se conecte una llave electrónica a la computadora de votación para permitir así la comunicación de esta con el ordenador de la junta electoral que corresponda. Los equipos deberán reflejar un boletín cero antes de los comicios para que los delegados confirmen que no hay fraude.
Cuatro meses después, los diputados José Horacio Rodríguez, Pedro Martínez, Aida Nilsa López, Mélido Mercedes y Mateo Espaillat depositaron un proyecto congresual para establecer en el país los debates electorales obligatorios. La pieza busca que los candidatos presidenciales, congresuales y municipales participen en por lo menos un careo de los dos que organizaría la Junta Central Electoral (JCE).
La propuesta, que ya fue aprobada en primera lectura y sólo espera su sanción en segunda discusión, obligaría a todos los candidatos a participar en los debates públicos. En caso de que se ausenten o rechacen participar en los diálogos, la Junta podrá sancionarlos con la limitación de su publicidad política.
La Ley de Partidos Políticos, promulgada en el año 2018, dispone que los candidatos de las organizaciones pueden ser escogidos con diferentes métodos como las encuestas, las asambleas de delegados o las elecciones internas.
En el proceso eleccionario de cara al 2024, la mayoría de los partidos dominicanos escogió las encuestas como el método ideal para elegir a sus candidatos, lo que provocó que un grupo de diputados activos en sus cargos de elección popular quedarán excluidos y, por tanto, motivaron un proyecto de ley que busca eliminar las encuestas.
La pieza, que se encuentra bajo estudio en comisión, logró un respaldo masivo en la Cámara de Diputados, donde 103 legisladores registraron su firma para apoyar el proyecto y, de esa forma, evitar que en el 2028 los partidos políticos usen las encuestas para escoger a sus candidatos ya que, como se argumenta en el proyecto, el método "es poco claro y amañado".
Varios meses después, en marzo del 2024, otros 25 diputados, militantes de todos los partidos, depositaron un nuevo proyecto para evitar los altos niveles de abstención en las elecciones. El documento legislativo propone dar incentivos como becas, días libres, preferencia en licitaciones o descuentos educativos a los dominicanos que acudan a votar en las próximas elecciones.
Luego, el diputado Félix Michell, del partido Fuerza del Pueblo, presentó una iniciativa de ley para que, en las elecciones del 2028, la JCE permita a los ciudadanos presentar documentos personales alternos a la cédula de identidad. Si se aprueba, los electores podrán sufragar con su pasaporte o licencia de conducir.
El último proyecto que busca establecer cambios en los comicios del 2028 es uno que busca eliminar el método D´Hondt, que es una herramienta de asignación de escaños que se dispuso a través de la ley de voto preferencial en el 2013.
La iniciativa fue motivada en el Congreso por el diputado José Horacio Rodríguez, del partido Opción Democrática, y firmada por otros 39 congresistas opositores. La pieza busca que el método D´Hondt se sustituya por el método Webster, definido como un mecanismo que asigna curules a partidos minoritarios, que no permite resultados decimales y que "garantiza la participación de todos los partidos" en el Poder Legislativo y en las alcaldías.

 


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