De seis meses a dos años es la pena por estafa inmobiliaria en República Dominicana

En República Dominicana no existe una ley que de manera específica castigue las estafas inmobiliarias. Solo está el artículo 405 del Código Penal que fue implementado cuando se creó hace 238 años el Código Civil Francés, conocido como el Código Napoleónico o Código de Napoleón, 100 años después el país lo puso en vigencia, según explicó el abogado César Amadeo Peralta Gómez.
El artículo explica que las penas son de prisión correccional que van de seis meses a dos años. Además, multas de RD$ 20 a RD$ 200 mil.
Según se detalla en el artículo, se aplica en los casos que “valiéndose de nombres y calidades supuestas o empleando manejos fraudulentos, den por cierta la existencia de empresas falsas, de créditos imaginarios o de poderes que no tienen, con el fin de estafar todo o parte de capitales ajenos, haciendo o intentando hacer, que se les entreguen o remitan fondos, billetes de banco o del tesoro, y cualesquiera otros efectos públicos, muebles, obligaciones que contengan promesas, disposiciones, finiquitos o descargos”.
Peralta Gómez destacó que en el nuevo Código Penal que se busca aprobar en el Congreso Nacional está la modificación de la condena por estafas a 20 años de cárcel.
En el mismo artículo está adjunto un párrafo donde se manifiesta que cuando los hechos incriminados sean cometidos en perjuicio del Estado dominicano o de sus instituciones, los culpables serán castigados con pena de reclusión si la estafa no excede de cinco mil pesos.
En caso de que sea una suma superior se condena con trabajos públicos.
Si es en ambos casos, se devuelve el valor que envuelve la estafa y a una multa no menor de ese valor ni mayor del triple del mismo.
Durante la semana el Ministerio Público desplegó la denominada “Operación Nido”, apresando Enmanuel Rivera Ledesma e implicando a otras personas, acusados de integrar una red que supuestamente estafó con millones de pesos a personas a las que ofertan viviendas en proyectos inmobiliarios, a través de múltiples maniobras fraudulentas.
Asimismo, al grupo se le acusa de estafas, falsificación, asociación de malhechores y lavado de activos en perjuicio de las víctimas a las que ofertaban viviendas a través de siete proyectos inmobiliarios.

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