Abogados abandonan 90,000 casos de clientes que asume la Defensoría Pública

La Oficina Nacional de la Defensa Pública (ONDP) ha sido apoderada de 90,000 expedientes, desde el año 2018 hasta la fecha, por parte de los tribunales del país, porque los abogados privados que los representaron abandonaron esos casos.
Así lo informó el director de la Defensa Pública, Rodolfo Valentín Santos, quien se preguntó qué si ese órgano no hubiese existido que hubiese pasado con esos privados de libertad.
Dijo que los abogados privados tan pronto dejaron de recibir sus pagos de honorarios, soltaron esos expedientes, al tiempo de señalar que no descarta que eso ocurra en otras materias en la sociedad dominicana, como derecho civil, derecho comercial, derecho laboral, entre otras.
Expresó que hay personas que no demandan porque no tienen recursos económicos y sus derechos les son violados, por aquellos que sí pueden.
Sostuvo además que hay privados de libertad en cárceles que tienen sentencia de descargo y que fueron asistidos por abogados privados, pero que los profesionales del derecho se olvidaron de ellos.
Consideró que la Defensa Pública tiene demasiados casos y que tienen un déficit de unos 240 defensores y lamentó que la misma tenga más de ocho años esperando presupuesto para abrir nuevas oficinas.
Por otro lado, Valentín Santos abogó para que la Oficina de Atención a las Víctimas no dependa de la Procuraduría General de la República, ni de otra institución, argumentando que tanto los abogados de las víctimas como el ministerio público nunca se ponen de acuerdo.
Sostuvo que esa situación hace que se debilite el tema de la acusación desde este lado, señalando que debe ser una institución independiente, con autonomía presupuestaria.
La Oficina Nacional de Defensa Pública (ONDP) es un organismo del sistema de justicia dominicano que ofrece defensa legal gratuita a personas que carecen de recursos económicos o que no tienen abogado.
Protege los derechos fundamentales de las personas en conflicto con la ley.
La ONDP está regida por la ley 277-04, del 12 de agosto de 2004, y el artículo 176 de la Constitución.
No es un auxiliar de la justicia, sino que debe buscar la solución más favorable para el imputado.

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