Solicitan juicio político contra miembros de la Cámara Cuentas

La Alianza Dominicana Contra la Corrupción (Adocco) depositó una petición ciudadana en la Cámara de Diputados para que inicie investigaciones y apodere al Senado para abrir juicio político contra varios funcionarios de la Cámara de Cuentas, por faltas graves en el ejercicio de sus funciones.

En la solicitud de apertura de juicio político se incluye al presidente del pleno de la Cámara de Cuentas, Janel Andrés Ramírez; a la vicepresidenta, Elsa María Catano; a la integrante de la Secretaría Tomasina Tolentino y a los miembros del órgano Mario Arturo Fernández y Elsa Peña Peña.

Adocco basa su solicitud en informaciones publicadas en medios de comunicación desde septiembre de 2022 sobre las diferencias de los integrantes del pleno, que motivaron su llamada a capítulo por los presidentes de las cámaras legislativas, Eduardo Estrella y Alfredo Pacheco, llegando a firmar un pacto de no agresión.

Según la entidad, las declaraciones de Ramírez durante una entrevista en un programa de televisión donde dijo «Soy un preso de confianza, tengo que hacer en muchos casos lo que dice el pleno, aunque esté en contra de la ley», son más que suficientes para que el Congreso «se aboque a destituir a los denunciados».

Otras acciones que Adocco considera faltas graves son «no remitir en tiempo oportuno, por parte del presidente de la Cámara, los informes preliminares» a una serie de entes auditados, para fines de réplicas o reparos.

Expone, asimismo, el «incumplimiento del Plan de Auditoría Anual, PAA 2023» en lo referente a que el presidente del órgano es el facultado por la ley para procesar las credenciales de los auditores ante las entidades a ser auditadas, sin que Ramírez cumpliera con el trámite en varios expedientes.

Otra evidencia de faltas graves, según Adocco, es «la no tramitación de informes pendientes y evidencias a entes destinatarios por parte del presidente del órgano», incluidos casos en los que el destinatario era la procuradora general, Miriam Germán Brito, o el procurador adjunto Wilson Camacho.

Para la entidad también es ejemplo de faltas graves «el no conocimiento de la investigación especial practicada al Gabinete de Coordinación de la Política Social (GCPS)» de diciembre de 2020, llegado al despacho del presidente en enero de 2023 y que no ha sido agendado habiendo transcurrido ya 113 días, aunque aparece en la propuesta de calendario del pleno de mañana, 4 de mayo.

«No es la primera vez que salen a relucir las diferencias entre los integrantes del órgano responsables de auditar el gasto público (…), lo que a nuestro juicio constituye un obstáculo a la labor de lucha contra la corrupción emprendida por el Ministerio Público», señala la nota.

Asimismo, indica que este órgano «se ha quejado de la lentitud en dar respuesta a las investigaciones solicitadas, 84 en total, culminando apenas con 12, constituyéndose en faltas graves» en el ejercicio de las funciones de los integrantes de la Cámara de Cuentas.

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