Se agota el tiempo del Pepca para acusación caso Antipulpo

Está a punto de vencerse el plazo que el juez José Alejandro Vargas le otorgó a la Procuraduría Especializada en Persecución de la Corrupción Administrativa (Pepca) para investigar y presentar acusación contra los hermanos del expresidente de la República Danilo Medina y otros ocho imputados en la investigación denominada Operación Anti- pulpo.

Debido a que el caso fue declarado complejo, el 8 de agosto, según lo dispone el Código Procesal Penal, se cumplen los ocho meses que tiene el órgano investigador para presentar actos conclusivos contra Juan Alexis y Carmen Magaly Medina Sánchez, así como Francisco Pagán, Fernando Rosa, Aquiles Cristofer Sánchez, Freddy Hidalgo, Rafael Antonio Germosén, Julián Esteban Suriel Suazo, José Dolores Santana Carmona y Wacal Vernavel Méndez Pineda.

En diciembre de 2020, Vargas, quien fungió como juez del Tribunal de Atención Permanente del Distrito Nacional dictó 18 meses de prisión preventiva, domiciliaria y presentación periódica para los imputados por presuntamente integrar una red que estafó al Estado con miles de millones de pesos amparados en el vínculo familiar de dos de los procesados con el entonces presidente de la República.

El Ministerio Público dice que formaron una red de corrupción sustentada en un entramado de compañías de carpeta supuestamente controladas por Alexis Medina quien, de acuerdo con el expediente, aprovechó su condición de hermano del presidente para establecer negocios millonarios con el Estado.

A los coimputados Francisco Pagán y Aquiles Christopher, entre otros delitos, se les atribuye incurrir en coalición de funcionarios desde sus pasadas funciones de director general y director de Fiscalización, respectivamente, de la Oficina de Ingenieros Supervisores de Obras del Estado (Oisoe).

Además, Julián Suriel es acusado de prestar su nombre para servir de testaferro al imputado Alexis Medina Sánchez.

El Ministerio Público acusa a Fernando Rosa de sobrevaluación en las obras realizadas durante su gestión al frente del Fondo Patrimonial de las Empresas Reformadas (Fonper).

Las investigaciones establecen que Magalys Medina, en su condición de vicepresidenta administrativa del Fonper, maniobró para que su hermano Alexis fuera beneficiado con la asignación de contratos para suplir bienes al Estado.

A Wacal Méndez se le atribuye enriquecimiento ilícito, así como haber incurrido en el delito de lavado de activos debido a que se desempeñaba como el tesorero de todas las empresas que forman parte del entramado societario de Medina Sánchez.

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