Tribunal dicta este lunes la sentencia del caso Coral; el MP pide 20 años para Adán Cáceres

El Primer Tribunal Colegiado del Distrito Nacional dará a conocer este lunes 15 de junio, a partir de las 3:00 de la tarde, la sentencia del juicio de fondo de los casos Coral y Coral 5G, en el que el Ministerio Público acusa a una red de oficiales militares, policiales y civiles de sustraer más de RD$4,500 millones del Estado dominicano.
El tribunal, integrado por las magistradas Gisselle Méndez, quien lo preside, Tania Yunes y Jissel Naranjo, definirá si condena o absuelve al principal imputado, el mayor general retirado Adán Cáceres Silvestre, exjefe del Cuerpo de Seguridad Presidencial (Cusep), y al resto de los encartados. La lectura pondrá fin a la etapa de fondo de un expediente que se aproxima a cinco años de litigio.
En sus conclusiones, la Procuraduría Especializada de Persecución de la Corrupción Administrativa (Pepca), dirigida por Mirna Ortiz, pidió 20 años de prisión y el pago de 400 salarios mínimos contra Cáceres Silvestre, el general Juan Carlos Torres Robiou (exdirector del Cuerpo Especializado de Seguridad Turística, Cestur), el general Julio Camilo de los Santos Viola y el coronel Rafael Núñez de Aza, además del decomiso de bienes.
Para la pastora Rossy Guzmán Sánchez, conocida como “La Pastora”, y para Kelman Santana Martínez, el órgano acusador solicitó 15 años de prisión y multa de 300 salarios mínimos. Para el mayor Raúl Alejandro Girón Jiménez, testigo clave y delator del proceso, pidió cinco años con pena suspendida.
El Ministerio Público atribuye a los imputados violación a la Constitución, coalición de funcionarios, prevaricación, desfalco y lavado de activos. Según la acusación, la estructura operó desde el Cusep, el Cestur y el Consejo Nacional para la Niñez y la Adolescencia (Conani), mediante el abultamiento de nóminas, contratos simulados y el uso indebido de recursos públicos.
A la pastora Guzmán se le señala un rol central en el ocultamiento y blanqueo de los fondos. La fiscalía sustenta su pedimento en documentos, peritajes patrimoniales y el testimonio del delator Girón, y reclama el decomiso de bienes valorados en más de RD$773 millones a favor del Estado.
Los abogados de los encartados solicitaron una sentencia absolutoria, al sostener que el Ministerio Público no logró destruir la presunción de inocencia ni individualizar hechos concretos, y calificaron las pruebas de insuficientes.
En sus palabras finales, el 16 de abril, Cáceres Silvestre rechazó las imputaciones: aseguró que no se demostró que se asociara con otras personas para dilapidar el erario y afirmó que “las pruebas no han podido sustentar estas acusaciones”.
El caso, derivado de las operaciones Coral y Coral 5G, se inició en abril de 2021 con los primeros arrestos.

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