Grabar a víctimas en peligro sin pedir ayuda podría acarrear castigos, según proyecto de ley

Las personas que graben, fotografíen o difundan imágenes de personas en estado crítico sin haber solicitado asistencia serán objeto de sanciones, de aprobarse un proyecto de ley depositado en la Cámara de Diputados que busca regular la conducta de los ciudadanos ante situaciones de emergencia.
La iniciativa, sometida por la diputada oficialista Elida Yalis Soto, establece como conducta prohibida priorizar la captación de contenido audiovisual sobre la asistencia a una víctima y contempla sanciones para quienes graben a personas en peligro sin antes alertar a los servicios de emergencia.
El proyecto dispone que las personas que incumplan con estas disposiciones podrían enfrentar multas económicas, trabajo comunitario obligatorio y agravantes cuando la omisión contribuya a la muerte o al agravamiento del estado de la víctima.
La propuesta tiene como objetivo regular la conducta de las personas cuando la vida o integridad física de otra se encuentre en peligro inminente, estableciendo deberes mínimos de actuación y mecanismos de protección legal.
La pieza sería aplicable a situaciones de emergencia como accidentes de tránsito, riñas o actos de violencia, emergencias médicas, desastres naturales y cualquier otro evento donde exista riesgo de muerte o daños graves.
Entre las obligaciones que establece figura el deber ciudadano de actuar, siempre que esto no implique poner en riesgo la propia integridad.
En ese sentido, toda persona que presencie una emergencia deberá notificar de inmediato al Sistema Nacional de Atención a Emergencias 9-1-1, permanecer en el lugar hasta la llegada de asistencia, cuando sea seguro hacerlo, y brindar ayuda básica de acuerdo con sus conocimientos y capacidades.
Asimismo, el proyecto prohíbe abandonar a una persona en estado crítico sin haber realizado al menos la notificación a los servicios de emergencia, cuando exista la posibilidad de hacerlo.
La iniciativa también crea una protección legal para el denominado "Buen Samaritano". De esta manera, quienes actúen de buena fe para auxiliar a una persona en situación de emergencia no serían responsables civil ni penalmente por daños no intencionales derivados de su intervención, siempre que no hayan actuado de forma temeraria o negligente.
Además, establece el protocolo nacional de actuación denominado "Salvar Vidas", que incluye identificar los peligros, avisar al 9-1-1, evaluar el estado de la víctima, evitar movilizarla innecesariamente, brindar asistencia dentro de las capacidades de cada persona y respetar la dignidad de los afectados absteniéndose de grabar o difundir imágenes.
El proyecto también dispone que el Estado implemente campañas de concienciación, programas de formación en primeros auxilios e incorpore contenidos sobre respuesta a emergencias dentro del sistema educativo.
La propuesta de ley se encuentra bajo el estudio de la comisión de Presidencia de la Cámara de Diputados desde hace un mes y solo espera un informe para que pueda ser conocida por el Pleno.

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