El presidente Luis Abinader promulgó la Ley 16-26, que autoriza el reconocimiento y pago de deudas pendientes a contratistas del Estado por obras ejecutadas con o sin contrato formal.
La disposición, promulgada el 1 de mayo de 2026, busca dar respuesta a reclamos acumulados durante décadas por ingenieros, empresas constructoras y suplidores que realizaron trabajos para distintas instituciones públicas y cuyos pagos permanecían pendientes debido a problemas administrativos, falta de adendas contractuales o ausencia de formalización documental.
Con la promulgación de esta ley, el mandatario también dispuso la creación de una comisión especial adscrita al Ministerio de Hacienda y Economía, encargada de revisar, validar y depurar los expedientes para determinar cuáles reclamaciones proceden legal y técnicamente.
La legislación impactará obras ejecutadas para entidades como el Ministerio de Obras Públicas, Ministerio de Educación, Instituto Nacional de Aguas Potables y Alcantarillados (Inapa), Instituto Nacional de Recursos Hidráulicos (Indrhi), Corporación del Acueducto y Alcantarillado de Santo Domingo (Caasd), la desaparecida Oficina de Ingenieros Supervisores de Obras del Estado (OISOE) y otras instituciones estatales.
Según datos del Comité Institucional Codiano (CIC), más de 600 personas físicas y jurídicas podrían beneficiarse de esta legislación.


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