Motoristas abandonan motos por facilidad para obtener otro

Muchos motoristas prefieren abandonar las motocicletas retenidas por la Dirección General de Seguridad de Tránsito y Transporte Terrestre (Digesett) porque adquirir una nueva les resulta más económico ante las facilidades de financiamiento existentes.
El legislador de la Fuerza del Pueblo y proponente de la Ley 63-17 de Movilidad, Transporte Terrestre, Tránsito y Seguridad Vial, Tobías Crespo, explicó que, en numerosos casos, cuando una motocicleta es retenida por la Digesett, su propietario opta por abandonarla en los centros de detención debido a que el costo y la burocracia para recuperarla superan la facilidad de adquirir otra nueva.
“Muchos han pagado la mayor parte del motor, pero lo que les falta por saldar, sumado a los trámites y costos adicionales, los lleva a preferir sacar uno nuevo y dejar el retenido perdido”, sostuvo.
Crespo advirtió que esta situación no sólo afecta al conductor, sino también a los dealers, quienes en muchos casos no logran cobrar el 100 % del valor financiado ni completar la documentación correspondiente, quedando con miles de motocicletas todavía registradas a su nombre.
Definió este escenario como un “cuello de botella” que debe ser destrabado por el Estado. El congresista señaló que el problema tiene raíces estructurales.
Explicó que, debido a que el costo de una motocicleta es considerablemente menor que el de un automóvil, existe una amplia facilidad de importación y financiamiento por parte de dealers e intermediarios, lo que provoca que muchos compradores no culminen el proceso formal de obtención de matrícula, placa, póliza de seguro y demás documentos.
En ese sentido, propuso que se adopte para las motocicletas un modelo similar al que se aplica a los vehículos de mayor valor, como carros y yipetas, estableciendo un mecanismo de emisión de matrícula con retención que garantice el cumplimiento de los pagos y evite irregularidades.
A su juicio, instituciones como Impuestos Internos y Aduanas deben asumir un rol más activo en la regulación integral del sector.
Crespo también destacó el componente social y económico del fenómeno, al indicar que la mayoría de los motociclistas son padres de familia que dependen de ingresos diarios y, en muchos casos, presentan bajos niveles de escolaridad.
“Hay un componente político, social, económico y humano; son muchos y son muchos votos”, expresó. Sobre la seguridad vial, recordó que la Ley de Movilidad, Transporte Terrestre, Tránsito y Seguridad Vial establece entre los artículos 75 al 79 la obligatoriedad del uso de casco, tanto para el conductor como para el pasajero, así como la prohibición de transportar menores de ocho años en motocicletas. Sin embargo, criticó que las autoridades no estén haciendo cumplir la normativa.
Violación a la ley
Gobierno: Crespo señaló que el Gobierno no cumple con la ley.
Digesset: Tampoco la Digesett, ni la Policía, ni los ayuntamientos aplican la norma como corresponde. “Incluso se inventan disposiciones que no están en la ley”.

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