Denuncian ausencia de fondos para aplicar ley sobre autismo en Presupuesto 2026

La defensora de los derechos neurodivergentes y activista social, Maxi Feliz, denunció este lunes la falta de asignación presupuestaria específica para la implementación de la Ley 34-23 sobre el Trastorno del Espectro Autista (TEA) en el Proyecto de Presupuesto General del Estado 2026, situación que, advirtió, mantiene en condición de vulnerabilidad a miles de familias dominicanas.
Feliz explicó que, tras una revisión directa del Presupuesto Ciudadano 2026, publicado por la Dirección General de Presupuesto (Digepres), se constató que la referida legislación no figura como partida presupuestaria específica, programa institucional ni como gasto condicionado por ley, a pesar de tratarse de una normativa vigente que reconoce derechos fundamentales en áreas como salud, educación e inclusión social.
La activista recordó que la Ley 34-23 establece en su artículo 53 la obligación del Estado de asignar los recursos necesarios para garantizar su ejecución, por lo que la ausencia de una asignación clara en el presupuesto del próximo año representa, a su juicio, un incumplimiento legal que impacta derechos protegidos por la Constitución dominicana y por tratados internacionales ratificados por el país.
Indicó que esta omisión presupuestaria se produce luego de años de espera por parte de la denominada comunidad azul, que confió en que la aprobación de la ley marcaría un cambio estructural real. Sin embargo, sostuvo que sin recursos asignados, la legislación carece de efectos prácticos.
Feliz señaló además que el propio presidente de la República, Luis Abinader, ha reconocido públicamente que la ley aún no cuenta con los fondos necesarios, pero advirtió que los derechos de los niños con autismo no pueden seguir supeditados a promesas futuras ni a presupuestos que los excluyen.
Finalmente, hizo un llamado a las autoridades para que se incluya una partida presupuestaria específica destinada a la Ley 34-23, se definan responsables claros para su ejecución y se garantice la transparencia en el uso de los recursos. “La comunidad azul no exige privilegios. Exige cumplimiento de la ley. Porque sin presupuesto no hay derechos, y la espera prolongada también vulnera”, concluyó

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