El Estado evita más de US$1,500 millones en condenas gracias a defensa jurídica internacional

Más de 1,500 millones de dólares en condenas evitadas y 24 controversias de inversión gestionadas preventivamente forman parte de los resultados obtenidos por la República Dominicana en materia de defensa jurídica internacional.
Durante el cierre de la Conferencia Internacional sobre Arbitraje Comercial y de Inversión, el ministro de Industria, Comercio y Mipymes (MICM), Víctor -Ito- Bisonó, destacó que los mecanismos de prevención establecidos han permitido ahorrar al Estado más de 100 millones de dólares en costos, fortaleciendo su posición en los tratados internacionales de inversión.
Uno de los pilares de esta estrategia es el Sistema Nacional de Prevención de Controversias (SNPC), implementado en el 2023 en cumplimiento del Decreto 303-15. Este sistema coloca al país entre los pocos del mundo con un mecanismo formal para anticiparse a disputas jurídicas internacionales.
El SNPC integra herramientas como la Resolución 270-2023, un Manual de Prevención, una Red de Puntos Focales y una plataforma digital alojada en la Ventanilla Virtual del Ministerio de Industria, Comercio y Mipymes (MICM), que facilitan la interacción entre instituciones públicas y el sector privado.
Desde su creación, el Estado ha gestionado 11 arbitrajes de inversión: siete han concluido a favor del país y en dos se logró reducir más del 90 % de las sumas reclamadas. 
Además, la República Dominicana participa activamente en los procesos de solución de controversias ante la Organización Mundial del Comercio (OMC) y en las discusiones globales para reformar el sistema de solución de controversias inversionista-Estado en el marco del Grupo de Trabajo III de la Comisión de las Naciones Unidas para el Derecho Mercantil Internacional, con el propósito de promover mayor transparencia, previsibilidad y equidad.
Desde el 2020, el MICM ha capacitado más de 1,400 funcionarios de 55 entidades públicas y se celebró el primer diplomado especializado en la materia, fortaleciendo las capacidades técnicas del Estado. Estas funciones serán transferidas al nuevo Ministerio de Justicia, conforme a la Ley 80-25 promulgada recientemente.
La conferencia concluyó con un llamado a continuar fortaleciendo la seguridad jurídica como base de la inversión y la competitividad, reafirmando el compromiso nacional con la transparencia, la buena gobernanza y la justicia económica.

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