El Seguro Nacional de Salud (Senasa) no logró que el Consejo Nacional de la Seguridad Social (CNSS) revocara la resolución con la que fue condenado a pagar 1,888,902 pesos por retrasos en los pagos al Centro Policlínico Nacional. 
La Superintendencia de Salud y Riesgos Laborales (Sisalril) le impuso la sanción en abril de este año, tomando en cuenta que esta era una falta recurrente en la aseguradora del Estado. Senasa protestó con un recurso de reconsideración ante la misma Sisalril, el cual fue rechazado.
La institución luego apeló la multa ante el CNSS con un recurso jerárquico que fue conocido en la reunión del viernes 31 de octubre. Los consejeros determinaron que la Sisalril actuó conforme al principio de legalidad y reafirmaron su decisión.
Los representantes legales del Senasa centraron su defensa en rebatir la legalidad del Reglamento de Infracciones y Sanciones al Seguro Familiar de Salud y al Seguro de Riesgos Laborales, creado por el CNSS, en el cual se fundamentó la decisión de la Sisalril.  
Argüían que la Ley 87-01, que creó el Sistema Dominicano de Seguridad Social (SDSS), no le dio facultad al CNSS para aprobar reglamentos y que estos debían ser promulgados por el Poder Ejecutivo. 
La Sisalril indicó que actuó conforme a sus atribuciones legales, con base en pruebas documentales y que no existió error de interpretación normativa ni valoración arbitraria de hechos.
Se trató de una "evaluación objetiva de la conducta omisiva de la ARS Senasa que afectó directamente la estabilidad financiera de un prestador de servicios de salud por falta de pago, situación que debe ser atendida oportunamente por esta Sisalril, imponiendo sanciones ejemplares como la de la especie, para evitar que prácticas como estas se sigan repitiendo, e impedir así la inestabilidad del Sistema Dominicano de Seguridad Social", de acuerdo a la Sisalril. 
El CNSS respondió a Senasa que el referido reglamento sí fue publicado en un periódico de circulación nacional y que fue promulgado por el Poder Ejecutivo en el 2012.
Senasa ha sido castigada a pagar un total de 9.5 millones de pesos en los últimos meses por incumplimientos recurrentes de pagos a prestadores y negación de servicios a sus afiliados, al tiempo en que sufre una crisis financiera y de credibilidad por varios escándalos de corrupción.
La Sisalril advirtió en sus fallos que se trataba de un patrón prolongado de incumplimientos que ponía en riesgo la liquidez, la rentabilidad y la capacidad operativa de los proveedores contratados. 
Un informe técnico también alertó que esas demoras podían traducirse en restricciones de acceso a atención médica para los afiliados y en dificultades para remunerar al personal de salud.
La institución señaló que no se trataba de un caso aislado, sino de una situación repetida respaldada por múltiples quejas recibidas, lo que configuraba una infracción administrativa continua y contraria a las normas vigentes. 
Por ello, dispuso la aplicación de medidas correctivas e inició un proceso sancionador para que la aseguradora estatal corrigiera los atrasos en sus obligaciones financieras.


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