La senadora del Distrito Nacional Faride Raful expresó que su intención era continuar en el Congreso de la República representando a los ciudadanos de la capital, pero las circunstancias no se dieron. “Las circunstancias no se dieron, fue un proceso un poco atropellado, quizás hubiese preferido que se manejara de una manera distinta, pero al final estamos aquí, asumiendo la coordinación de una campaña nacional”, fue lo que dijo la también subdirectora general de la campaña del Partido Revolucionario Moderno (PRM) al ser entrevistada en el programa matutino “Hoy Mismo”, que se transmite por Color Visión.
La congresista expresó que los procesos de cambio, de redefinición son difíciles a veces, pero “fortalecen muchísimo y hacen a uno ver las cosas en perspectiva”.
“Todo el mundo sabía y para nadie es un secreto que mi intención era continuar siendo la senadora de la capital, pero las circunstancias no se dieron”, manifestó.
Raful explicó que entiende que su rol como miembro de la dirección ejecutiva de esa organización y política es pensar en el pueblo dominicano y lo que favorece el desarrollo de políticas públicas que ha iniciado el presidente Abinader, antes que pensar en ella misma y en lo que ella quiere.
Aseguró que no fue fácil para ella, sin embargo, manifestó sentirse contenta en estos momentos cuando tiene la posibilidad de armar los comandos de campaña de su partido en todo el territorio nacional y en el exterior.
Raful también dijo que se va del Senado satisfecha con su gestión.
“Me voy altamente satisfecha, me voy contenta, pero me voy con un poco de nostalgia, porque como dice una cita de un poeta, cuando se hace un cambio se muerte una vida para nacer otra”, expresó.
Dijo que se retira con la satisfacción de haber logrado un apoyo popular y haber rendido tributo a con dignidad y honestidad a las demandas y expectativas del electorado, a pesar de las críticas.
Caso Calamar: Ministerio Público acusa a imputados de distraer más de RD$41 mil millones
Como un "holding criminal" definió el Ministerio Público la supuesta estructura montada para desfalcar al Estado dominicano por RD$41,185,964,839.76 durante el gobierno del expresidente Danilo Medina a través de pagos irregulares por expropiaciones de terrenos declarados de utilidad pública, reconocimiento de deudas administrativas y en sobornos para la campaña política del 2020.
Con Donald Guerrero, exministro de Hacienda a la cabeza, seguido de los "brazos ejecutores" José Ramón Peralta, exministro administrativo de la Presidencia, y Gonzalo Castillo, exministro de Obras Públicas y otros 31 imputados y 12 empresas, el Ministerio Público establece en su acusación de 3,662 páginas que se cometió una "mega operación" de lavado de activos y corrupción.
El organismo de persecución indica que el grupo imputado aprovechó los conocimientos que tenía sobre el manejo de la administración pública para violentar sus procedimientos y cometer ilícitos penales en beneficio de los miembros de la organización criminal. Agrega que se falsearon documentos, se acorraló a suplidores, se falsificaron firmas de funcionarios y empresarios del sector privado.
Por citar algunos ejemplos, el Ministerio Público establece como un hecho que el exministro Donald Guerrero incluyó a la empresa creada por él y representada por su hijo, también imputado, Daniel Guerrero Mena -llamada Intercaribe Mercantil- de manera fraudulenta en el Programa de Créditos de Contratistas y Suplidores del Estado, así como a otras empresas para las que se erogaron RD$20,904,831,250.65.
Al empresario José Miguel González se le cita en el expediente como investigado por asociación con el exministro Guerrero para apropiarse del negocio de importación y venta de asfalto, expulsando del mismo a Mustafá Abu Naba´a.
El organismo establece para las expropiaciones de terrenos, el supuesto grupo delictivo formó una "fuerza de tarea del crimen" que incluía la participación de profesionales en ejercicio privado con la función de tramitar los procesos judiciales y administrativos de determinación de herederos irregulares, obtención de duplicados de títulos, constancias anotadas, determinación de justo precio y avalúo en tiempo récord; con esos fines falsearon documentos públicos, para excluir herederos.
Además, señala que a lo interno de Hacienda se creó el "Programa o El Proyecto" que consistía en el cobro ilegal de una mensualidad en las bancas de lotería, deportivas y los colmados que tenían máquinas tragamonedas.
Establece que formaron una coalición de funcionarios para instaurar un esquema de soborno, logrando distraer sumas millonarias de las arcas del Estado, a través de acuerdos de reconocimiento de deuda a contratistas de la Oficina de Ingenieros Supervisores de Obras del Estado (Oisoe), por trabajos adicionales, incluso de obras cerradas, que el contratista no realizó, utilizando volumetrías falsas como una de las maniobras fraudulentas para lograr los pagos.
"El grupo constreñía a los supuestos reclamantes a firmar en su favor cesiones de créditos en base a deudas imaginarias, como condición sine qua non de la gestión del pago", reza el expediente.
En total, en lo relativo a las expropiaciones y reconocimientos de deudas se hicieron pagos por un monto de 20,281,133,589 pesos, dice el Ministerio Público en la acusación.

 


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