En su solicitud de medida de coerción, el Ministerio Público pide que el caso sea declarado de tramitación compleja.

Los detenidos son casi todos ex funcionarios de los gobiernos que encabezó Danilo Medina (2008-2012 y 2012-2016).  El Ministerio Público, a través de la PEPCA, los acusa de asociación de malhechores, desfalco, coalición de funcionarios, falsificación de documentos públicos y privados, soborno y financiamiento ilícito de campaña y lavado de activos, entre otras violaciones.

Señala que la sustracción de los más de 19 mil millones de pesos y afectó a instituciones como el Ministerio de Hacienda, la Contraloría General de la República, el Consejo Estatal del Azúcar (CEA), la Dirección General de Bienes Nacionales, la Dirección General de Catastro Nacional y la Oficina de Ingenieros Supervisores del Estado (Oisoe), entre otras.

«Las investigaciones apenas comienzan (…) hay 20 personas detenidas y las investigaciones apenas comienzan», afirmó Ortiz a los medios.

Hasta el momento en que Ortiz se dirigió a los periodistas, el Ministerio Público había sostenido que los arrestados eran 19. La fiscal no dio mayores declaraciones sobre el particular.

IMPUTADO NÚMERO 20

Medios de prensa han resaltado que originalmente el Ministerio Público hablaba sobre 19 imputados en este caso, pero que este lunes ha aumentado este número a 20, sin especificar cuál es el nuevo implicado.

En la operación Calamar, ejecutada entre la noche del sábado y la madrugada del domingo pasados, fueron apresados además el exdirector del Consejo Estatal del Azúcar (CEA) Luis Miguel Piccirilo, el antiguo director de Catastro Nacional Claudio Silver Peña y los exdirectores de Casinos y Juego de Azar Oscar Chalas Guerrero y Julián Omar Fernández.

De acuerdo a un documento de la Procuraduría General de la República, los cargos preliminares del Ministerio Público son asociación de malhechores, desfalco, coalición de funcionarios, falsificación de documentos públicos y privados, soborno y financiamiento ilícito de campaña a una escala sin precedente y lavado de activos, entre otros.

El supuesto entramado de corrupción distrajo a los contribuyentes más de 19,000 millones de pesos, según el comunicado, y afectó a instituciones como el Ministerio de Hacienda, la Contraloría General de la República, el CEA, la Dirección General de Bienes Nacionales, la Dirección General de Catastro Nacional y la Oficina de Ingenieros Supervisores del Estado.

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