El Gobierno de Luis Abinader ha impulsado su aprobación con el propósito de asociarse al sector privado para impulsar proyectos en varios campos de inversión.
Sin embargo, sectores políticos y de otros áreas de la sociedad, han mostrado su recelo con el proyecto, bajo el argumento de que el mismo podría derivar en la «privatización» de servicios públicos y que su administración, por parte del sector privado, podría caer en la «opacidad».
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