Transparencia Internacional y Trasparencia Venezuela denunciaron que tienen reportes oficiales de que actores de alto nivel en Venezuela están vinculados con el narcotráfico traiciona, utilizando como puente a la República Dominicana para traficar droga a Europa. En su informe "Corrupción Transnacional Venezolana: Cooperación Global contra la Impunidad", las organizaciones citaron que el 18 de mayo de 2018 el Departamento del Tesoro de los Estados Unidos estableció que el actual ministro de Interior y Justicia de Venezuela, Diosdado Cabello, organizó envíos de drogas que se trasladaban desde Venezuela a través de la República Dominicana y de allí a Europa.
Estados Unidos, que acusa a Cabello de lavado de activos, corrupción, narcotráfico y narcoterrorismo, ofrece desde el 2020 una recompensa de 10 millones de dólares para capturarlo. Además, por los mismos delitos varios países le han impuesto sanciones y por ser una de las figuras clave en el deterioro de la democracia de Venezuela y en las violaciones de los derechos humanos.
Para las organizaciones, la República Dominicana es un país clave en la criminalidad y corrupción con origen en Venezuela, por lo que deplora que, a pesar de las grandes inversiones por parte de venezolanos señalados y acusados por casos de corrupción en otros países, así como del decomiso de oro, drogas y redes de trata, solo se han registrado tres investigaciones en la justicia dominicana.
Transparencia recordó que uno de estos casos fue el iniciado contra el Banco Peravia en 2015. La justicia dominicana llegó a emitir orden de arresto contra los banqueros venezolanos José Luis Santoro, Gabriel Jiménez Aray (condenado en Estados Unidos) y Daniel Morales Santoro. Mientras, otros cinco ejecutivos recibieron sentencia condenatoria por fraude monetario.
"Los otros dos procesos llevados por el sistema de justicia de República Dominicana están vinculados a la comercialización ilegal de oro y a presuntas actividades de lavado de dinero por parte del venezolano Samark López Bello, investigado por narcotráfico y lavado de activos en Estados Unidos y por otros casos de gran corrupción y lavado en Venezuela y Portugal", refiere el informe.
La entidad adujo que desconoce el estatus de estas dos últimas investigaciones.
Transparencia Internacional y Trasparencia Venezuela socializaron este informe el miércoles durante el seminario "República Dominicana y Venezuela: Desafíos de la justicia y los ciudadanos contra la corrupción" auspiciado por el movimiento no partidista Participación Ciudadana y que contó con la colaboración de la Fundación para el Debido Proceso (DPFL) y el Proyecto de denuncia de la corrupción del crimen organizado (Occrp, por sus siglas en inglés).
En este evento hicieron un llamado a la justicia dominicana para que le preste más atención y destine recursos para investigar las redes de corrupción venezolana en República Dominicana.
"En República Dominicana hay muchos indicios de irregularidades que tienen que ver con recursos venezolanos", comentó Mercedes De Freitas, directora de Transparencia Venezuela. "Nosotros lo que queremos es que les presten atención a estos casos. Porque la impunidad no puede salir, no puede expandirse de Venezuela".
El objetivo de este seminario fue visibilizar las conexiones entre las redes criminales venezolanas y su influencia en la República Dominicana, abordando temas como el tráfico de drogas, personas, lavado de dinero, corrupción y la colusión entre funcionarios locales y grupos criminales.
"Los casos que hemos encontrado muestran que los facilitadores venden anonimato, eso es una actuación importante para el actor corrupto", explicó Juan Pablo Cadena de Transparencia Internacional durante su intervención. "Ellos aprovechan los vacíos en la regulación con respecto a la transparencia en la titularidad de los beneficiarios o titularidad última de las sociedades mercantiles y de los fidecomisos para poder ocultar la identidad, porque son personas políticamente expuestas y por lo tanto están sujetas a normas reforzadas de control contra el lavado de activos", dijo.
Transparencia Venezuela dijo que hasta agosto de este año ha registrado 258 investigaciones de corrupción u otros delitos con participación de funcionarios venezolanos, 168 casos de estos son procesado por los sistemas de justicia y control de 29 países, entre estos se destacan 60 en Estados Unidos, 25 en Argentina, 15 en España y 13 en Colombia.
De los datos obtenidos por Transparencia Venezuela se ha determinado que las economías ilícitas (narcotráfico, explotación ilegal del oro y minerales, contrabando de combustibles, extorsión, trata de personas) generaron 9,402 millones de dólares en el 2022 y se registró que el aumento de las rentas generadas por esta actividad alcanza el 30 %, lo que equivale a 13,703 millones de dólares en el 2023. Según los datos disponibles para cada fecha, se estimó que esos montos equivalen a 15.67 % del Producto Interno Bruto (PIB) de Venezuela, estimado en 60,000 millones de dólares, para 2022 y 90,000 millones de dólares para 2023.
"Creo que hay mucha impunidad en el mundo de los facilitadores, por lo tanto, hay que revisar la legislación. No puede ser que estos señores bancos, que son los más grandes del mundo, han lavado miles de millones y su sanción máxima es una multa, que además la pagan los clientes. Eso es absurdo, ninguno está preso. Entonces hay que mejorar la legislación y la responsabilidad penal por estos actos de corrupción", expresó José Ugaz, de Taskforce Venezuela.

 


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