La admisión de culpabilidad del regidor del Distrito Nacional, Edickson Herrera Silvestre, ante un tribunal de Estados Unidos, desató críticas de las bancadas opositoras en el Congreso Nacional, quienes pidieron al Partido Revolucionario Moderno (PRM) fortalecer sus mecanismos internos de control para evitar la participación de criminales en la política dominicana.
Voceros del Partido de la Fuerza del Pueblo (FP), el Partido Revolucionario Dominicano (PRD) y el Partido de la Liberación Dominicana (PLD) coincidieron en que los recientes escándalos evidencian debilidades en la supervisión de los candidatos y la necesidad de reforzar los filtros de selección de dirigentes.
El senador de la FP alertó sobre la “cantidad alarmante” de funcionarios del PRM involucrados en actividades ilícitas, mientras que el diputado Ramón Raposo, del PRD, advirtió que permitir que personas con recursos de origen cuestionable aspiren a cargos electivos podría “debilitar el sistema de partidos políticos del país”.
Gustavo Sánchez, del PLD, subrayó que los casos de Herrera Silvestre y del exdiputado Miguel Guiterréz, ambos vinculados al narcotráfico, deben ser una lección para todas las organizaciones políticas. “Esto nos recuerda la importancia de evaluar con cuidado a quiénes se postulan como candidatos”, afirmó.
En defensa del PRM, sus voceros aseguraron que los procesos judiciales internacionales contra sus dirigentes se han realizado sin interferencia del partido y gracias al respaldo del presidente Luis Abinader, destacando que otros partidos podrían también tener miembros con vínculos delictivos aún no judicializados.
“Esto llama a la reflexión de todos los partidos, porque no es exclusivo de una organización”, precisó el diputado Amado Díaz, vocero del PRM, quien insistió en que la justicia debe actuar de manera imparcial frente a cualquier implicado.
La polémica evidencia, según los legisladores opositores, la urgencia de depuración interna y controles más estrictos en los partidos políticos dominicanos para evitar que personas vinculadas al crimen accedan a cargos públicos.

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